Condenan a exjuez por desfalco de $40.000 millones en cobro irregular de pensiones

El Tribunal Superior de Cartagena (Colombia) condenó, en primera instancia, al exjuez Fabio Cabarcas Pardo a 12 años y ocho meses de prisión por su responsabilidad en los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y prevaricato por omisión en unos casos de cobros irregulares de pensiones en el país.

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Foto: Pixabay
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El Tribunal Superior de Cartagena (Colombia) condenó, en primera instancia, al exjuez Fabio Cabarcas Pardo a 12 años y ocho meses de prisión por su responsabilidad en los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y prevaricato por omisión en unos casos de cobros irregulares de pensiones en el país.

El trabajo en conjunto de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, de la Fiscalía General de la Nación, del Patrimonio Autónomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales (ISS) y de Colpensiones, se permitió establecer que durante 2010 y 2011 el entonces juez Cabarcas Pardo favoreció el cobro irregular de pensiones por $40.115 millones, constituyéndose así en el caso más grande de corrupción pensional del país.

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Según la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Cabarcas Pardo, como juez Sexto Laboral del Circuito de Cartagena, conoció las demandas presentadas contra del Instituto de los Seguros Sociales, y cuyas pretensiones iban dirigidas al reconocimiento y pago de pensiones de jubilación vitalicia, de conformidad con la Ley 33 de 1985.

Pese a que a los demandantes con anterioridad se les había reconocido y ordenado el pago de la pensión de jubilación por parte de las entidades empleadoras, el entonces juez Cabarcas profirió decisiones contrarias a la ley, condenando al ISS al reconocimiento y pago de pensión de vejez en favor de los demandantes.

De acuerdo con la Agencia, estas sentencias de condena emitidas por el procesado, posteriormente fueron empleadas como títulos de recaudos para formular demandas ejecutivas y perseguir con ello un pago de manera irregular. De esta manera los demandantes recibieron entre $6.000 millones y $10.000 millones cada uno.

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