El presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, informó este lunes que ya está, para comentarios, el borrador de resolución del Ministerio de Salud y Protección Social que regula la adquisición de vacunas Covid-19 por parte de privados. Para más información de política haga clic aquí.
Vale mencionar que el borrador estará publicado hasta el viernes nueve de abril de 2021, de acuerdo a lo que indicó el jefe de Estado. “Muy importante tener en cuenta que este es un proceso que se tiene que surtir, de conformidad, con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y donde, claramente, no se podrá cobrar por esas vacunas. Se debe mantener el principio de gratuidad”, indicó Duque.
Y añadió que “tienen que estar alineados con el Plan Nacional de Vacunación y cumpliendo con todos los requisitos en materia de refrigeración, de aplicación y en los requisitos mismos de adquisición, ya que se permitirán, únicamente, las vacunas que ya han sido autorizadas”.
Hay que decir que en el documento se estableció que los documentos privados podrán negociar, adquirir e importar al territorio colombiano vacunas contra la Covid-19, bajo el cumplimiento de diversas condiciones.
Entre ellas se encuentran que la vacuna a importar y adquirir debe contar con una autorización de uso de emergencia otorgada por el Invima, que se debe garantizar la aplicación de los biológicos en servicios de vacunación habilitados, las condiciones necesarias para la conservación de las vacunas, y cumplir con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social.
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Adicionalmente, el proceso de inmunización que se adelante con las vacunas adquiridas por privados deberá efectuarse a cero costos para los beneficiarios de su aplicación.
Para que los privados puedan adquirir vacunas, el Gobierno de Colombia exige unas condiciones clave para preservar la integridad del Plan de Vacunación, como el proceso de calidad para los colombianos en la inmunización.
El ministro de Salud, Fernando Ruíz, indicó que es necesario, como en las vacunas que ya se han comprado por parte del Estado, la autorización del Invima del uso de emergencia. “Esto quiere decir que si ya la vacuna tiene una autorización, no es necesario surtir nuevamente el procedimiento, sino utilizar la autorización que ya existe”, manifestó el funcionario.
En segundo lugar, el privado debe contar con una red propia de vacunación, en las mismas condiciones del plan público, la cual debe estar habilitada por el Ministerio de Salud. Vale mencionar que esta red no debe competir con la red que se está utilizando actualmente en el país.
Además, se deberá garantizar una cadena de frío que mantenga las condiciones de la vacuna tal cual los establecen los insertos y la aprobación por parte del Invima. Asimismo, deben contar con una póliza de todo riesgo que garantice el manejo y gestión de la vacuna durante todo el proceso (desde la recepción hasta la aplicación del biológico).
También, los privados deberán asumir los costos de la aplicación y manejo de las vacunas y que no impliquen costo alguno para las personas que reciben la inmunidad. Así como asegurarse que los beneficiarios firmen el consentimiento informado con todo el protocolo ya establecido.
Por otro lado, se deberá diligenciar, por medio de la plataforma informática Paiweb2, para registrar toda la población que pueda ser vacunada y radicar en el Ministerio su respectivo plan de vacunación.
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Es importante aclarar que cualquier reacción adversa deberá ser registrada dentro del sistema de vigilancia que tiene montado el Instituto Nacional de Salud, en conjunto con el Invima, que es el Sistema de Farmacovigilancia y la atención deberá hacerse a través de las EPS.
“Ellos serán responsables de todas las condiciones contractuales, incluidas dentro de la negociación. Y con los compromisos que se adquieren, serán los responsables frente a los compradores y frente a las personas que accedan a la vacunación”, concluyó el ministro Ruíz.
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