La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) presentó los 10 puntos que considera clave para que el sector mantenga la tracción que trae desde hace varios años.
Para el gremio, es determinante concebir el desarrollo de infraestructura como una política de Estado, que trasciende los ciclos políticos de los gobiernos de turno.
Este planteamiento cobró fuerza en los años 90, cuando el sector apenas alcanzaba un PIB del 1 % y que actualmente se acerca al 3 %. Lea más Noticias de Infraestructura.
Así las cosas, la CCI considera que es relevante reconocer al sector privado como un socio estratégico del Estado para seguir garantizando la modernización de la infraestructura del país.
“El rol de los constructores, concesionarios, consultores e interventores es, justamente, el de coadyuvar a la buena y eficiente ejecución, operación y mantenimiento de los proyectos estratégicos del país”, aseguró.
De otro lado, señaló que es importante integrar los diferentes modos de transporte, tal como fue concebido el programa de concesiones 5G o del Bicentenario.
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A lo anterior se debe sumar la competencia en la adjudicación de los contratos de infraestructura.
Para tal fin, dijo el gremio, se debe hacer un buen uso de los pliegos tipo, que permiten tener pluralidad de oferentes, mayor participación de las firmas de ingeniería y, como consecuencia, procesos transparentes.
“Se hace imperativo, ponerles freno a prácticas elusivas, como los convenios interadministrativos, usados en ocasiones, para hacerles el esguince a los mencionados pliegos tipo”, indicó la CCI.
Planes de largo plazo
Así mismo, la agremiación afirmó que se debe entender a la obra pública en infraestructura como un estímulo de crecimiento de las economías regional y nacional.
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Y se debe preservar y fortalecer la institucionalidad, la cual actualmente es robusta.
Ejemplo de ello son la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte (UPIT).
En materia normativa, “valdría la pena considerar algunos ajustes orientados a fortalecer la participación privada en la infraestructura pública, particularmente, en proyectos sociales”.
La Cámara de la Infraestructura también señaló que se debe garantizar la seguridad jurídica del sector y evitar que la contratación pública se convierta en un instrumento de estímulos particulares.
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En este sentido, explicó que el otorgamiento de incentivos en los procesos de contratación a empresas que contraten grupos poblacionales específicos causa impactos negativos en la sostenibilidad financiera, “particularmente de las pymes”.
Una alternativa sería implementar estímulos tributarios, crediticios y parafiscales a las empresas que vinculen en sus nóminas a tales grupos poblacionales.
Finalmente, el gremio señaló que se debe impulsar la implementación de nuevas tecnologías en la estructuración y ejecución de proyectos de infraestructura.
De igual manera, es clave garantizar la sostenibilidad de las iniciativas bajo el abrigo de tres criterios fundamentales para el mundo: medioambiental, social y buen gobierno
