La inflación en Venezuela cerró el 2022 en 305,7 %, informó este jueves, 5 de enero de 2023, el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF).
En diciembre de 2022 la inflación en el país que dirige Nicolás Maduro llegó a 37,2 %.
La división de vestido y calzado fue la que tuvo la mayor variación al alza en diciembre, con una inflación del 57,8 %.
Le siguieron las divisiones de equipamiento del hogar (55,8 %), alquiler de vivienda (51,8 %) y alimentos (49,4 %).
El observatorio precisó que la inflación en los precios de los alimentos ha sido la que más ha impactado a los hogares de menores ingresos.
En lo que atañe a la inflación anual, excedió “tanto la tasa de devaluación del bolívar en el mercado oficial (275 %) como la del mercado paralelo (293 %)”.
La inflación de Venezuela en 2022 fue la más alta no solo en América Latina sino a nivel mundial.
“El bolívar se ha apreciado en términos reales con lo cual, a pesar de la significativa devaluación nominal, el bolívar tiene mayor poder de compra externo que internamente”, dijo.
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Las fuertes presiones de inflación en Venezuela han venido en aumento desde septiembre de 2022.
Lo anterior, a juicio del OVF, podrían exponer a la economía venezolana “ante el peligro de un rebrote hiperinflacionario”.
Venezuela ya conoce la hiperinflación, la cual está tomando fuerza con la “sostenida devaluación del bolívar que ejecuta el Banco Central de Venezuela (BCV)”.
De acuerdo con el OVF, la devaluación de la moneda local viene ocurriendo desde que el BCV abandonó “el anclaje del tipo de cambio”.
Lo anterior, en “el contexto de una pérdida de reservas internacionales de US$993 millones durante 2022”.
Cabe señalar que enero comenzó con un ritmo de devaluación del bolívar que “no se había observado desde que se eliminó de facto el control de cambios”, dijo el OVF.
Entre tanto, el valor de la canasta alimentaria se ubicó en diciembre de 2022 en US$371, lo que implicó un aumento de 50 %, en términos de moneda nacional.
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Atendiendo a lo anterior, el OVF indicó que los pensionados del Seguro Social o los empleados públicos, sin incluir los bonos que reciben ocasionalmente, necesitan 53 salarios mínimos para adquirir los bienes de la canasta alimentaria.
