Desde el pasado 29 de abril, con la entrada en vigor de la Resolución 0194 de 2025, el Ministerio de Vivienda impuso nuevas obligaciones en materia de eficiencia energética e hídrica para las Viviendas de Interés Social (VIS) y de Interés Prioritario (VIP).
Con esta regulación, se marca un cambio importante en la normativa ambiental para la construcción en Colombia.
Para conocer cómo recibe el sector constructor estas nuevas disposiciones y cuáles serán los principales retos técnicos, financieros y operativos que se avecinan, Valora Analitik consultó a Esteban García Jimeno, Senior Counsel en Holland & Knight.
¿Cómo recibe el sector constructor las nuevas exigencias de sostenibilidad para proyectos VIS y VIP?
“Existe incertidumbre frente al tema, especialmente frente a los potenciales costos asociados a las medidas pasivas y activas de ahorro que ahora obligatoriamente se deberán implementar en proyectos VIS y VIP”, señala García Jimeno.
Además, advierte que hay inquietudes sobre los “potenciales tiempos y costos de transacción asociados a los procesos de licenciamiento y de los mecanismos de seguimiento y control”.
Aunque reconoce que muchas constructoras ya han incorporado criterios de sostenibilidad como parte de sus políticas ESG y de responsabilidad social empresarial, el abogado subraya que el momento actual del sector es complejo.
“La coyuntura es difícil, sobre todo por el desmonte de los subsidios para compra de vivienda, las tasas de interés que siguen siendo altas para los sectores poblacionales que acceden a VIS y VIP, y las políticas que impactan la disponibilidad de tierra desarrollable”.
Y agrega: “Por eso, es fundamental hacer un seguimiento riguroso al impacto que tendrán estas nuevas exigencias en el desarrollo de proyectos de vivienda social, en un país donde el déficit habitacional sigue siendo relevante”.
Retos técnicos y financieros: el equilibrio entre sostenibilidad y viabilidad
García Jimeno explicó que el desafío más grande será lograr un equilibrio entre las medidas pasivas (relacionadas con el diseño arquitectónico) y las activas (como los sistemas mecánicos o electrónicos) para alcanzar los porcentajes mínimos de ahorro establecidos.
“Se deben planear muy bien desde el diseño los sistemas que se propondrán en la etapa de licenciamiento, especialmente para evitar afectaciones en los cronogramas, dado el nuevo procedimiento que exige obtener una certificación específica por parte de la entidad territorial”, aseguró el abogado.
Agregando que “esa certificación será el resultado de un proceso burocrático adicional de seguimiento y control, que puede influir en la eficiencia general del proyecto”.
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Posible encarecimiento y mayores plazos en licenciamiento
El abogado señaló en la entrevista con Valora Analitik que los topes definidos para VIS y VIP no cambian, pero el reto será mantener la viabilidad financiera de los proyectos.
“El desafío está en generar eficiencias en las medidas y procedimientos para evitar que los costos adicionales afecten la ecuación financiera de los desarrollos. Sin duda, un reto grande que puede impactar la oferta misma de nuevos proyectos VIS y VIP”, explicó.
Sobre los tiempos de licenciamiento, si bien los plazos reglamentarios no se modifican, sí se generan trámites adicionales que podrían representar demoras reales en la aprobación.
“Se deben incluir las medidas específicas en el Formulario Único Nacional, lo cual puede alargar la evaluación por parte de las curadurías o autoridades urbanísticas”.
Además, de acuerdo García, con los desarrolladores deberán prever el tiempo que tomará la fase posterior de seguimiento y control, en la cual las entidades territoriales deberán verificar que las medidas de ahorro hayan sido correctamente implementadas para poder emitir la certificación correspondiente.
“Es crucial una planeación muy clara desde la etapa de diseño para evitar que estos nuevos requerimientos afecten los cronogramas y entregas a los compradores finales”.
Capacidad técnica y experiencia acumulada
García Jimeno asegura que el sector ha avanzado considerablemente en la implementación de prácticas sostenibles. “Desde hace varios años, muchas constructoras han incorporado medidas de ahorro de energía y agua, incluso buscando certificaciones como LEED, EDGE o CASA Colombia”.
No obstante, el desafío persiste especialmente en regiones intermedias o pequeñas, donde las capacidades técnicas pueden ser más limitadas.
“Es clave que las constructoras que operan en municipios más pequeños capaciten a sus equipos e incorporen estas nuevas tendencias en sus procesos de diseño y ejecución. El mercado exigirá cada vez más estándares estrictos de sostenibilidad y reducción de huella de carbono”, señaló.
El rol clave de Camacol y las asociaciones gremiales
Finalmente, el abogado destaca la responsabilidad de los gremios en este momento de transición. “Camacol y otras asociaciones tienen un papel muy importante en comunicar, capacitar y orientar a los actores del sector, no solo sobre los nuevos requerimientos de la Resolución 0194, sino sobre cómo implementar modelos de desarrollo sostenible en los proyectos de vivienda”, explica García.
Y concluye: “La entrada en vigor de la Resolución 0194 de 2025 representa un avance regulatorio en pro de la sostenibilidad del sector construcción, pero también plantea importantes retos financieros, técnicos y operativos, especialmente para los desarrollos VIS y VIP. Será clave una planeación rigurosa, la colaboración institucional y una capacitación continua para que el sector pueda adaptarse sin que se vean comprometidas la oferta de vivienda ni la capacidad adquisitiva de las familias colombianas”.
