La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sancionó con una multa de más de $1.300 millones a Novaventa, negocio del Grupo Nutresa.
De acuerdo con el pronunciamiento, la decisión se tomó tras evidenciar múltiples fallas en las máquinas dispensadoras de alimentos, así como: “Desconocer el derecho de los consumidores a recibir información cierta, fidedigna, suficiente, clara y actualizada, para la toma de decisiones fundadas al momento de adquirir un producto”, se lee en el comunicado.
La investigación se inició a partir del análisis de 2.671 peticiones, quejas y reclamos presentados por los usuarios en un periodo de seis meses, así como de una visita de verificación al sitio web oficial de la empresa.
¿Por qué sancionaron a Novaventa?
Como resultado, la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor determinó que Novaventa incurrió en las siguientes irregularidades:
- Utilizó publicidad para dar a conocer varias de sus campañas promocionales, pero en estas omitió información sobre las condiciones de tiempo, modo y otros requisitos para acceder al incentivo.
- En su sitio web, la sociedad investigada no publicó datos básicos de identificación y contacto de la compañía, así como las características esenciales de los productos ofrecidos.
- Adicionalmente, Novaventa no incluyó herramientas para hacer seguimiento a quejas o reclamos presentados por los consumidores ni referenció el enlace a la página de la autoridad de protección al consumidor, como lo exige la normativa vigente.
- Varios usuarios no recibieron el producto seleccionado en sus máquinas de alimentos, pese a haber realizado el pago correspondiente. En varios de estos casos, la empresa no efectuó la devolución del dinero de manera automática, siendo necesario presentar reclamaciones para recuperar lo pagado.
Cabe mencionar, que la empresa mediante un acto administrativo puede presentar recurso de reposición ante la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor o, si lo consideran pertinente, interponer recurso de apelación ante la Delegatura para la Protección del Consumidor, con el fin de que la decisión sea revisada.
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