En un contexto de crecimiento económico moderado, baja ejecución del gasto e inflexibilidades crecientes del presupuesto nacional, la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) podría generar presiones fiscales significativas, según un análisis de Fedesarrollo.
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Esta reforma, que busca fortalecer la descentralización y autonomía de las entidades territoriales, contempla un aumento progresivo en los recursos asignados al SGP, que pasarían de representar el 25 % de los ingresos corrientes de la nación en 2024 al 39,5 % en 2038.
El centro de investigación expuso los principios que deberían orientar la expedición de la Ley de Competencias por parte del Congreso de la República para que inicie el proceso de reforma al SGP, comenzando por asegurar un impacto fiscal neutro con el fin de preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas.
“Para lograrlo, no basta con reasignar funciones dentro de los sectores actuales del SGP, sino que también se requiere descentralizar nuevas competencias en sectores distintos”, advirtió el informe firmado por el director, Luis Fernando Mejía.
El año pasado, el SGP representó más del 17 % del gasto total del gobierno central y el 25 % de los ingresos corrientes de la nación. El centro de investigación estima que con las condiciones actuales su participación en los ingresos corrientes de la nación alcanzaría el 27,8 % en 2027 y llegaría al 28,8 % en 2038, pero con los nuevos cambios comenzaría a aumentar desde 2027, ubicándose en 28,4 % ese año y alcanzando el 39,5 % en 2038.
“Si este incremento en las transferencias se tradujera completamente en nuevo gasto, el déficit fiscal se ubicaría en 3,7 % del PIB en 2027 y se deterioraría progresivamente hasta 5,2 % en 2038”, detalló el análisis.
Estas mayores presiones de gasto se traducirían en un incremento sostenido de la deuda del gobierno central, por encima del ancla fiscal del 55 % del PIB durante toda la próxima década y acercándose al límite máximo del 71 %. La proyección es que la deuda alcance el 66,9 % del PIB en 2038, frente al 55,5 % proyectado en el escenario sin los efectos de la reforma.
“Este deterioro de las finanzas públicas se daría en un contexto fiscal ya frágil, donde el déficit fiscal alcanzó el 6,8 % del PIB en 2024 y la deuda pública revirtió la tendencia decreciente que mostró desde 2021”, destacó el documento.
Fedesarrollo advirtió que, como resultado, se debilitaría aún más la credibilidad de la política fiscal, lo que podría traducirse en un aumento de la prima de riesgo y una mayor depreciación de la tasa de cambio. Esto elevaría el costo del endeudamiento y reduciría la inversión y el crecimiento económico.
También hace falta que los recursos asignados contribuyan a cerrar las brechas regionales, pues se han identificado ineficiencias en su uso a nivel territorial. Basado en esto, Fedesarrollo advierte que aumentar las transferencias no garantiza por sí solo mejores resultados, sino que es necesario avanzar hacia una reforma enfocada en maximizar el impacto de los recursos disponibles, más aún en un contexto de alta fragilidad fiscal.
El centro de investigación concluyó que la ley de competencias será clave para traducir el incremento de las transferencias en mejoras concretas en el bienestar y desarrollo de las regiones, al tiempo que debe mitigar los riesgos fiscales derivados del nuevo esquema de reparto, pues debe definir con claridad los recursos y funciones a ser transferidos del gobierno central a las entidades territoriales.
