Aunque el futuro de la reforma pensional es incierto ahora que la Corte Constitucional decidió devolver el proyecto de ley a la Cámara de Representantes por vicios de procedimiento, a la iniciativa del Gobierno le siguen llegando críticas, esta vez por cuenta del efecto que tendría el nuevo modelo pensional sobre el mercado de capitales y el ahorro privado.
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Un análisis reciente de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de San Buenaventura concluye que la composición del nuevo sistema provocaría un riesgo de desfinanciamiento progresivo en el ahorro interno y tendría implicaciones directas para la economía nacional.
La reforma, en su versión aprobada en 2024, plantea que todos los aportes pensionales hasta 2,3 salarios mínimos sean administrados por Colpensiones, solo los trabajadores que coticen por encima de ese valor tendrían una parte de su ahorro en las Administradora del Componente Complementario de Ahorro Individual (ACCAI).
Los académicos de la Universidad de San Buenaventura advirtieron que este nuevo modelo dejaría a las ACCAI, antes Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), con un mercado sustancialmente reducido.
“Reducir la participación de las AFP en el sistema implicaría no solo una reestructuración operativa, sino una contracción sustancial de la inversión institucional en títulos públicos y privados, lo que impactaría la liquidez del mercado”, señaló Julio Enrique Duarte, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la institución educativa.
Actualmente, los fondos privados gestionan cerca de $424 billones, equivalentes al 74 % del sistema, según cifras de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos), por lo que “el desplazamiento de estos recursos podría alterar el equilibrio del sistema financiero colombiano”, según el análisis.
Incluso la agencia calificadora Moody’s advirtió que una menor presencia de fondos privados en la economía podría deteriorar la calificación crediticia del país.
Y es que las AFP han sido históricamente grandes compradoras de deuda pública, estabilizando el financiamiento estatal. Sin ellas, el Gobierno tendría que acudir a mercados externos, emitir más deuda local o, en escenarios extremos, expandir la base monetaria.
“Si cae la demanda de títulos, el Estado tendrá que ofrecer mayores rendimientos, elevando el costo de su deuda. Esto puede traducirse en menos espacio fiscal y, eventualmente, en presiones inflacionarias”, explicó Duarte.
