Gobierno Petro anuncia que radicará en agosto proyecto de ley para bajar tarifas de energía en Colombia

El jefe de la cartera reconoció la creciente inconformidad de los usuarios con el actual modelo tarifario

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El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, anunció que el próximo 11 de agosto el Gobierno radicará ante el Congreso de la República el proyecto de ley para la reducción de las tarifas de energía.

Durante su intervención en el cuarto foro Nacional sobre Tarifas, el jefe de la cartera reconoció la creciente inconformidad de los usuarios con el actual modelo tarifario, señalando que “la ciudadanía está cansada de facturas impagables”.

“El nuevo marco legal que presentaremos buscará, entre otras cosas, optimizar la estructura de costos, incentivar el uso eficiente de la energía y hacer más transparente la formación de tarifas”, explicó Palma, quien también reiteró que este proyecto será construido colectivamente con usuarios, trabajadores, expertos del sector y actores del Congreso.

Durante la jornada, Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo Energía de Bogotá, dijo que es urgente revisar lo de los subsidios de energía en la discusión del proyecto de ley.

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“Con el apoyo del ministro, pudimos mirar en detalle todos los consumos de Air-e del estrato 1 y 2. Entonces, están viendo en el estrato 1 consumos de 2.500 kilovatios hora, y no es un inquilinato. Y tenemos mapeadas las casas y visitamos los sitios”, comentó Ortega al respecto.

Finalmente, el ministro hizo un llamado a entender que este proyecto de ley representa una oportunidad para modernizar el sistema, armonizar la legislación vigente de la Ley 142 y 143 de 1994, y dirigir los recursos públicos y del sistema eléctrico «hacia una distribución más eficiente y justa para todos los usuarios del país».

En el foro, el funcionario también se refirió a la empresa Monómeros, señalando que las conversaciones de negociación siguen avanzando bajo un acuerdo de confidencialidad ya firmado con Venezuela. “El presidente Gustavo Petro no quiere que esto quede en manos de privados, en personas que pueden manipular los precios de los fertilizantes y así incidir negativamente en el precio de los alimentos. Hay una voluntad política de ambos gobiernos que celebramos de poder hacer una transferencia, una compraventa de la compañía en beneficio del campo”, dijo.