La Superintendencia Nacional de Salud solicitó a la Corte Constitucional una aclaración sobre el fallo que anuló la intervención de la EPS Sanitas.
Según el comunicado emitido por la entidad, la petición busca “obtener claridad sobre los trámites, procesos y procedimientos que deben adelantarse como consecuencia de la decisión”, así como resolver otros aspectos jurídicos derivados del fallo.
Ese mismo día, la Supersalud interpuso también un incidente de nulidad, “buscando la garantía y respeto del debido proceso de esta Entidad como accionado dentro de la acción Constitucional”.
¿Qué significan estos mecanismos?
- La solicitud de aclaración es un instrumento que se usa cuando una de las partes considera que un fallo judicial tiene aspectos ambiguos o poco precisos. No modifica el contenido del fallo, pero sí puede ayudar a despejar dudas sobre cómo aplicarlo.
- El incidente de nulidad, por su parte, busca que se anule un fallo cuando se considera que en su expedición se violaron garantías procesales graves, como el derecho a la defensa o a la contradicción. Es un mecanismo excepcional, pero puede reabrir el proceso si la Corte lo admite.
Cabe recordar que la sentencia de la Corte Constitucional dejó sin efecto las resoluciones con las que el Ejecutivo intervino a Sanitas.
El alto tribunal consideró que no se respetaron principios como el derecho a la defensa, la contradicción de pruebas y la legalidad de las actuaciones administrativas.
Con ese fallo, el Gobierno quedó obligado a revertir la toma de control de la EPS, no obstante, el Grupo Keralty, conglomerado internacional propietario de Sanitas, estaba a la espera del fallo para retomar las riendas de la EPS.
La pelea entre el Gobierno y el grupo Keralty sigue escalando
Esta solicitud por parte de la Superintendencia de Salud marca un nuevo capítulo en la disputa entre el Gobierno de Gustavo Petro y el grupo Keralty.
El presidente no ha ocultado su postura crítica frente a la organización, e incluso llegó a calificar públicamente a su dueño como “un criminal que debería irse del país”.
La tensión ha sido respondida con igual contundencia por el grupo empresarial. La firma española de abogados que representa a Keralty anunció que emprenderá acciones legales en firme contra el Gobierno y contra los funcionarios que lideraron la intervención.
