A tres años de haber iniciado la presidencia de Gustavo Petro en Colombia, los principales indicadores económicos dejan ver mejoras en la mayoría de los frentes, excepto en el balance fiscal.
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El desequilibrio, cada vez mayor, entre ingresos y gastos públicos se ha convertido en el lunar de esta administración, ha generado importantes alertas —el déficit fiscal podría ser este año el más alto de la historia—, ha traído serias consecuencias —como rebajas en las calificaciones soberanas— y podría dejar a la próxima administración de manos atadas —la suspensión de la Regla Fiscal se extenderá hasta 2027—.
Otros indicadores dan cuenta de mejoras en reducción de pobreza, generación de empleo y crecimiento económico, aunque todos están acompañados por un asterisco que ha llevado a los expertos a restarle méritos a la actual administración.
«El manejo y los resultados económicos son algunos de los aspectos más relevantes a la hora de evaluar a un dirigente y su equipo, no solo por el debate que suscita entre los expertos, sino también de cara al electorado», destacó el centro de estudios económicos ANIF en su comentario semanal.
Lo bueno
El Producto Interno Bruto (PIB) ha exhibido este año una expansión superior a la proyectada por el mercado, tras dos años creciendo tímidamente. Solo el primer trimestre de 2025 creció un 2,7 % y se espera que el segundo trimestre muestre una dinámica similar. Esto ha llevado a los analistas, incluso a los del Banco de la República, a ajustar al alza sus estimaciones de crecimiento para todo 2025 cada vez más cerca del 3 % —cifra no vista desde 2022—.
Después de seis años con tasas de desempleo de dos dígitos, Colombia lleva cuatro meses con una desocupación por debajo del 10 %, desde marzo de 2025, y viene registrando variaciones que están en línea con cifras de hace ocho años, según en DANE. En junio, por ejemplo, fue del 8,6 %, la más baja en la historia reciente.
La inflación ha mantenido una senda descendente sostenida desde marzo de 2023 —después de haber alcanzado un pico del 13,3 %— y aunque la velocidad de su reducción se ha moderado e incluso ha dejado ver leves incrementos —como en abril de 2025—, la tendencia actual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) se extendería por lo menos hasta 2026, según las previsiones de los expertos, cuando podría ubicarse dentro del rango meta del banco central (2-4 %).
En su informe anual más reciente, el DANE destacó una reducción en la pobreza monetaria del 34,6% en 2023 al 31,8% en 2024, luego de que más de 1,2 millones de personas salieran de esta condición. De hecho, se vienen reportando disminuciones sostenidas desde 2020, tras el pico de la pandemia, aunque las cifras actuales son incluso menores a las de 2018, cuando llegaron a su mínimo.
Lo malo
Las mejoras en algunos indicadores incluyen un asterisco que impide que el país hable de mejoras tangibles: aunque la economía crece lo hace menos que sus pares en la región, la inflación se mantiene por encima del promedio de las naciones más grandes de América Latina (4,8 % vs 3,4 %), por lo menos la mitad de los nuevos empleos corresponden al trabajo por cuenta propia —en su mayoría informales— y las estadísticas de pobreza monetaria revelaron que los subsidios no contribuyeron en su reducción.
Además, los analistas han insistido en que no todos los resultados se pueden atribuir al Gobierno, pues el crecimiento económico también es producto del esfuerzo del sector privado, de sus inversiones, apuestas y proyecciones, no solo producto de políticas públicas.
Por esto, ANIF resaltó en su análisis que evaluar una administración en materia económica es una tarea difícil, debido a que «cualquier Gobierno está expuesto a choques, en especial externos, que pueden cambiar o modificar sus planes económicos, para bien o para mal, dependiendo de su naturaleza».
El centro de estudios económicos también argumentó que las acciones de política toman tiempo en surtir efecto, de tal suerte que las decisiones de un gobierno pueden afectar a los siguientes.
Lo feo
El manejo fiscal se ha venido posicionando cada vez con más fuerza como el lunar el gobierno de Gustavo Petro. Un déficit del 6,8 % del PIB en 2024 ya era preocupante; aun así, el Ministerio de Hacienda estima que este año llegará al 7,1 %. De hecho, anticipándose a esta situación, la cartera resolvió suspender la Regla Fiscal por un plazo de tres años ante la imposibilidad de cumplir con la meta del 5,1 % del PIB, según lo consignado en el Plan Financiero de este año.
ANIF advirtió en su informe semanal que Colombia es el país de la muestra con los mayores desbalances fiscales, y de hecho, frente a las expectativas para cierre de 2025, se aleja del resto (1,8 % en Chile, 2,2 % en Perú, y 3,9 % en México).
Recientemente, a esta situación se sumó el anuncio del Gobierno de estimar un Presupuesto de $556,9 billones para 2026 que es 6,5 % superior al de 2025 ($523 billones) y que, respecto a otros cálculos oficiales, deja ver un gran incremento en el gasto primario, es decir, el que suma funcionamiento e inversión y excluye el pago de intereses, que llegaría a $396,8 billones en 2026, $18,2 billones por encima de lo estimado hace menos de dos meses en el MFMP y $43,7 billones más alta que la de 2025.
Estos cálculos implicarán un significativo aumento de la deuda pública de Colombia, que cerraría este año con una participación del 62,2 % en el PIB, de acuerdo con proyecciones de diferentes analistas, seis puntos porcentuales por encima de los niveles de 2024 y también por encima de las cifras de sus pares en la región.
«Por esta misma razón no sorprende que la prima de riesgo de Colombia, medida con base en el EMBI2, es ahora la más alta de los cuatro. Con datos a finales de julio, Colombia tiene una prima de 309 puntos básicos, frente a 265 de México, 142 en Perú y 109 en Chile», reveló ANIF. El riesgo está en que primas de riesgo más altas aumentan las tasas de interés de mediano y largo plazo, incrementan el costo de capital y desincentivan la inversión.
