Luis Enrique Rojas Cuéllar, quien presidió la petrolera Hocol entre mayo de 2024 y abril de 2025, hizo públicas graves denuncias contra altos directivos de Ecopetrol y miembros de la Junta Directiva de la filial.
En una carta de 13 páginas titulada “El alto costo que debo pagar por haber liderado Hocol con integridad, honestidad, transparencia y rectitud”, el exdirectivo describe una cadena de amenazas, hostigamientos y decisiones internas que, según él, han puesto en riesgo la seguridad de la empresa, la suya propia y un posible detrimento patrimonial cercano a los US$300 millones.
Rojas, ingeniero de petróleos con tres décadas de experiencia y trayectoria en multinacionales del sector, asumió la presidencia de Hocol en mayo de 2024. Y, apenas tres meses después, inició una profunda reorganización que implicó la salida de 12 altos directivos y la llegada de un nuevo equipo con amplia experiencia nacional e internacional.
Según relató, los cambios buscaban eliminar “vicios” internos y reemplazar la cultura del “no” por una de “sí se puede”, con logros como la puesta en producción de gas atrapado durante cuatro años en el campo Arrecife, la reapertura del campo La Punta y la transferencia del campo Guando desde Ecopetrol a Hocol.
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Amenazas y atentados frustrados, según el expresidente de Hocol
Los cambios, afirmó, provocaron reacciones hostiles. El 18 de agosto de 2024 recibió una llamada anónima en la que le advertían que no hiciera más movimientos en la compañía “o se metería en problemas con gente muy poderosa”.
Meses después, un vehículo interceptó la camioneta de seguridad que tenía asignada; los ocupantes, aparentemente armados, huyeron al no encontrarlo en el interior. Posteriormente, recibió una llamada de un supuesto comandante guerrillero que aseguraba tener órdenes de asesinarlo.
Además, denunció que se pagó para investigar su vida personal y profesional, y que se intentó manipular a una persona con la que mantenía un litigio para montar una acusación en su contra.
Ya, en enero de 2025, Rojas envió un correo a la Junta Directiva de Hocol, presidida por Ricardo Roa, en el que advertía sobre fallas en la incorporación de reservas en campos adquiridos a Chevron y sobre contratos de venta de gas firmados en 2021 que, según él, podían acarrear penalidades y pérdidas por hasta US$180 millones.
Aunque su equipo logró mitigar gran parte del riesgo, proyecta que el daño patrimonial podría oscilar entre US$50 millones y US$164 millones en los próximos años.
Salida de la empresa y despidos masivos
El 30 de abril de 2025 dejó la presidencia, pero días después salieron otros 12 ejecutivos que habían llegado bajo su administración, entre ellos dos vicepresidentes y varios gerentes.
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Según Rojas, esta decisión violó los estatutos de gobierno corporativo, ya que ni el presidente en funciones —que no existía en ese momento— ni la Junta Directiva habían aprobado las desvinculaciones.
Asegura que estos despidos ocurrieron en momentos clave, como la perforación de los pozos Mamey-4 e Ibamaca, y que la falta de personal experimentado contribuyó a una caída de más de 5.000 barriles equivalentes por día (boepd) para mediados de julio, lo que representaría una pérdida anual de US$126 millones.
En su carta, el exejecutivo aseguró que su teléfono celular fue intervenido ilegalmente y que se hallaron cables compatibles con micrófonos en su oficina.
También afirmó que miembros de su esquema de seguridad fueron presionados para informar sobre sus desplazamientos y reuniones, y que varias empresas proveedoras del sector recibieron advertencias para no contratarlo.
Relató que, incluso, un saludo con el gerente legal de Hocol derivó en la renuncia de este último pocos días después, lo que, a su juicio, refleja un clima de “cacería de brujas” contra quienes mantuvieran contacto con él.
El episodio de la regasificadora y el mensaje anónimo
Uno de los apartes más delicados de la denuncia involucra un mensaje anónimo, enviado en julio a miembros de la Junta Directiva de Ecopetrol, que vincula a Roa y a otros allegados con presuntas reuniones en España e Italia para influir en decisiones del Consejo Nacional Electoral y la Procuraduría, y para asegurar la adjudicación de un proyecto estratégico de regasificación a la empresa Gaxi.
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Rojas negó ser el autor del mensaje, pero sostiene que este incluye datos precisos —como la asistencia a un cumpleaños privado en Madrid y un documento interno de Ecopetrol sobre el proyecto— que solo un reducido grupo conocía.
Luis Enrique Rojas Cuéllar aseguró que se negó a presiones para favorecer a la firma y pide a la Fiscalía y a autoridades internacionales comprobar si las reuniones efectivamente ocurrieron.
Así las cosas, Rojas Cuellar en la misiva estimó que las decisiones cuestionadas podrían generar un detrimento patrimonial cercano a los US$300 millones ($1,2 billones). Por ello, solicita que la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía y organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos investiguen a fondo el caso.
También, responsabilizó a altos directivos de Ecopetrol de cualquier atentado contra su vida, enfatizando: “Amo la vida y no sufro de depresión. No tengo ningún enemigo ni amenaza distinta a la derivada de este caso”.
El experto concluyó su carta con un llamado a que las empresas públicas y privadas protejan a quienes actúan con integridad. Y citó el “caso Toblerone” de Suecia como ejemplo de estándares éticos que, a su juicio, Colombia debería adoptar. “Actuar con integridad y pulcritud no puede seguir siendo una condena”, sentenció.
