La decisión del Gobierno de Nicaragua de negar la extradición de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), complica el panorama diplomático entre Bogotá y Managua.
El Gobierno colombiano había solicitado, mediante una nota de urgencia, que González fuera entregado a las autoridades para enfrentar los procesos penales en su contra.
El exfuncionario está imputado por peculado por apropiación, cohecho y lavado de activos, dentro del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La Fiscalía sostiene que durante su paso por el Dapre se habría beneficiado de recursos públicos desviados en contratos irregulares, lo que llevó a que un juez dictara medida de aseguramiento en su contra.
El «No» de Nicaragua al gobierno Petro
Sin embargo, el régimen de Daniel Ortega optó por otorgarle asilo político, lo que en la práctica cierra la puerta a su extradición.
La Cancillería de Nicaragua notificó a Colombia que González ya fue reconocido como asilado en ese país, invocando el principio internacional según el cual “toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero, en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos”.
La respuesta negativa fue recibida en la Cancillería colombiana y limita la posibilidad de que González sea procesado de manera inmediata en Colombia. La medida de aseguramiento sigue vigente, pero sin cooperación internacional, las autoridades judiciales deberán esperar o buscar alternativas legales en instancias multilaterales.
Desde Bogotá, el ministro del Interior, Armando Benedetti, calificó la decisión como un gesto “inamistoso y agresivo” del régimen de Ortega. “Habrá que revisar qué pasa con las relaciones diplomáticas”, advirtió, anticipando que el caso podría escalar al terreno político y afectar los canales de comunicación bilaterales.
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