El Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia presentó un proyecto de decreto con el que busca redefinir los beneficios tributarios en el pago de la contribución solidaria de energía, una sobretasa del 20 % sobre la tarifa que desde hace tres décadas sirve para financiar subsidios a los usuarios de estratos 1, 2 y 3.
La contribución fue creada con las leyes 142 de 1992 y 143 de 1994 bajo los principios de solidaridad y redistribución del ingreso. En ese esquema, los hogares de estratos 5 y 6, junto con los usuarios comerciales e industriales, debían asumir hasta un 20 % adicional en su factura de energía.
Los recursos recaudados se destinan a subsidiar el consumo básico de energía de los sectores más vulnerables, mientras que el faltante lo cubre el Gobierno Nacional.
El giro de 2010: exenciones para la industria
Con la expedición de la Ley 1430 de 2010 se introdujo un cambio de fondo: a partir de 2012, los usuarios industriales dejaron de estar sujetos al cobro de la sobretasa. El Gobierno, a través del Decreto 2860 de 2013, definió una extensa lista de actividades industriales beneficiadas, que incluyó sectores como agropecuario, explotación de minas y canteras, construcción, agua, gas y electricidad.
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Según cifras del Ministerio de Hacienda, estos beneficios representan actualmente una carga cercana a $3 billones anuales para el país. Este costo fiscal se traduce en mayores presiones sobre el presupuesto nacional, que debe cubrir con recursos adicionales el déficit creciente del Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución del Ingreso.
Entre tanto, el borrador de decreto plantea una modificación sustancial: restringir el beneficio únicamente a las industrias manufactureras, definidas por la Clasificación Internacional Uniforme de Actividades Económicas (CIIU Rev. 4 A.C.) en los códigos 101 al 332.
En la práctica, esto significa que sectores como el agropecuario, minas y petróleo, construcción, servicios públicos, gas y comunicaciones volverían a pagar la contribución del 20 %.
El Ministerio de Hacienda justifica la medida argumentando que la industria manufacturera es la más sensible a incrementos en el costo de la energía, con un impacto estimado de 0,31 % en sus costos de producción si se restablece el cobro.
Otros sectores, como minas y canteras (0,18 %), agropecuario (0,13 %) o construcción (0,09 %), tendrían efectos menores, de acuerdo con simulaciones oficiales basadas en la Matriz Insumo-Producto del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
Además, el Gobierno subraya que las manufacturas enfrentan menores márgenes de rentabilidad y una menor capacidad para absorber costos adicionales. Por ello, mantener la exención solo a este sector protegería su competitividad y, al mismo tiempo, permitiría un ahorro fiscal cercano a $1,4 billones anuales.
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Críticas del sector energético
La propuesta, sin embargo, ha despertado fuertes críticas. Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), advirtió que la medida golpeará directamente la competitividad de gran parte de la industria nacional.
Recordó que en 2010 se eliminó la contribución precisamente para aliviar costos y hacer más competitivo al sector industrial. “Ahora, en lugar de focalizar los subsidios —que tienen errores de hasta un 60 %, con beneficiarios que no lo necesitan o están mal estratificados— el Gobierno busca aumentar la contribución. Eso significa mantener el gasto y restar competitividad a sectores clave”, sostuvo.
El dirigente gremial puso ejemplos concretos: un productor de arroz que hoy paga $10 millones mensuales por consumo de energía para bombeo de agua, pasaría a pagar $12 millones bajo el nuevo esquema. Del mismo modo, una empresa con factura de $1 millón vería su cobro subir a $1,2 millones.
“Este decreto excluye de la exención a sectores como el agrícola, el minero, el petrolero, los servicios públicos y la construcción, que son intensivos en energía. Eso encarece sus operaciones y desincentiva la inversión en un momento en el que el país necesita atraer más capital productivo”, añadió Castañeda.
Presiones fiscales y subsidios mal focalizados
En la memoria justificativa del decreto, el Ministerio de Hacienda reconoce que gran parte del problema radica en la mala focalización de los subsidios, pues hasta un 65 % de los apoyos a hogares de estratos 1 y 2 están mal asignados.
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Aun así, la estrategia no se centra en corregir este error, sino en aumentar los aportes de ciertos sectores económicos.
El Gobierno defiende que la medida permitirá aliviar parcialmente la presión sobre las finanzas públicas, en un contexto de mayor endeudamiento y uso de la cláusula de escape de la regla fiscal. Según sus cálculos, acotar la exención solo a la manufactura reduciría el costo fiscal en $1,2 billones y aportaría un recaudo adicional de $1,4 billones anuales.
Lo que viene
De aprobarse el decreto, las empresas de los sectores excluidos tendrían que ajustar su planeación financiera para asumir un incremento inmediato del 20% en su factura de energía.
Al mismo tiempo, las comercializadoras de energía estarían a cargo de aplicar el cobro y reportar los cambios a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
Mientras tanto, la discusión de fondo sobre cómo mejorar la focalización de los subsidios en el sector eléctrico sigue abierta.
Para los gremios industriales, el riesgo es que la medida termine trasladando los problemas fiscales al sector productivo, sin resolver las ineficiencias que afectan a los usuarios de menores ingresos.
Lea el borrador de decreto aquí.
