Jaime Dussán, presidente de Colpensiones, dijo hace semanas que el fondo público debería recibir, de manos de los fondos privados de jubilaciones, 45.000 aportantes que no deberían estar en el régimen de ahorro individual.
De acuerdo con Dussán, la norma dicta que, en ciertas profesiones, los aportantes solamente puedan estar en el fondo público.
Lo anterior pues, según Dussán, Colpensiones tienen la capacidad financiera para responder, por ejemplo, cuando se deben reconocer pensiones por invalidez o de sustitución.
Por cuenta de este escenario, proyecta el fondo público que, de concretarse el traslado, se estaría hablando de casi $9 billones de recursos en ahorros los que se trasladarían y, de esta manera, se les daría un respiro a las arcas del presupuesto del año entrante.
En entrevista con Cambio, Dussán aseguró que las personas en profesiones u oficios de alto riesgo no pueden estar afiliada a los fondos privados, son más de 45.000. “Me refiero a los bomberos, me refiero a los funcionarios de las cárceles, de las minas, etc”.
¿Qué se haría con el dinero del traslado de los aportantes a Colpensiones?
Añadió el funcionario que eso implica que los fondos privados de pensiones le deben a Colpensiones, al Gobierno Nacional, $9 billones, claves por la coyuntura en la que se busca la aprobación del presupuesto general del 2026.
Confirmó Dussán que incluso los ministros de Hacienda y de Salud ya entregaron a los fondos privados las respectivas comunicaciones para que se empiecen a hacer los traslados.
Agregó el presidente de Colpensiones que, con la entrega de esos recursos, se fortalecería al pilar solidario para pagarles a los 3 millones de adultos de la tercera edad en pobreza un bono pensional de $300.000.
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Se espera que en los próximos días el gobierno Petro y los fondos privados den a conocer los acuerdos a los que se pudieran llegar y la claridad sobre si debe hacerse o no el traslado de estos cotizantes.