La Comisión Séptima del Senado de la República decidió suspender de manera indefinida el debate sobre la reforma a la salud, una de las iniciativas más discutidas en el Congreso durante los últimos meses. La determinación quedó consignada en una proposición aprobada por la mayoría de los integrantes de esta célula legislativa, en la que se establece que la discusión quedará detenida hasta que se tramite y apruebe la correspondiente ley de financiamiento.

El documento que respalda esta decisión fue radicado por la senadora Nadia Blel y señala expresamente que el debate no se reanudará hasta que existan fuentes de financiación verificables y comprobables. En la exposición de motivos, los congresistas sustentan la medida con base en el artículo 7 de la Ley 819 de 2003, el cual establece que toda iniciativa que implique gasto público debe contar con la respectiva viabilidad fiscal.

El texto también advierte que, aunque el Presupuesto General de la Nación para 2026 ya fue aprobado, este incluye fuentes de financiación condicionadas a la expedición de una ley de financiamiento o a la adopción de medidas tributarias complementarias que aún no han sido discutidas ni aprobadas por el Congreso. Por tal motivo, los senadores consideraron que continuar el debate de la reforma sin certeza sobre los recursos vulneraría el principio de sostenibilidad fiscal y generaría riesgos para la ejecución del gasto público en materia de salud.

Tras conocerse la decisión, el ministro del Interior, Armando Benedetti, se pronunció a través de sus redes sociales, donde expresó su inconformidad con la postura de la Comisión Séptima. “Vengo diciendo hace más de cinco meses que la Comisión Séptima del Senado le está mamando gallo a la Reforma a la Salud. El amarrar la Reforma a la Ley de Financiamiento es una burla a la salud de los colombianos. Y después dicen que no se justifica una Constituyente”, escribió el funcionario, en alusión al estancamiento del proyecto.

Por su parte, miembros de la Comisión Séptima reiteraron que la decisión no implica un rechazo a la reforma, sino una medida de responsabilidad fiscal ante la ausencia de recursos garantizados. Explicaron que el presupuesto aprobado no contempla partidas adicionales destinadas a la implementación de la reforma y que, por tanto, su ejecución dependería de ingresos derivados de la futura ley de financiamiento.

Ley de financiamiento y el golpe al gremio de licores en Colombia

Desde el gremio de los licores destacan que este ha venido teniendo importantes aumentos que se han consolidado con la entrada en vigor de la Ley 1816 de 2016, que modificó de manera significativa el esquema impositivo aplicable a los licores nacionales —como aguardientes y rones— y a los importados —como whiskies, tequilas y vodkas—. A partir de esta ley, estas bebidas pasaron a estar gravadas con un IVA del 5 %, además del impuesto departamental al consumo, compuesto por un tributo específico de $342, por cada grado de alcohol en una botella de 750 ml y un impuesto ad-valorem del 25% sobre el precio antes de impuestos.

De esta manera, en su intervención para la propuesta de la reforma tributaria destacaron que esta estructura fiscal implica que los productores y comercializadores del sector enfrentan una carga tributaria que combina impuestos nacionales y departamentales, lo cual encarece de forma notable el producto final. En consecuencia, la rentabilidad de las empresas se ve afectada, al tiempo que se reduce la competitividad frente a mercados internacionales con cargas fiscales más equilibradas.

De esta manera, argumentan que un eventual incremento sobre esta industria tendría un impacto directo y negativo en todo el gremio licorero. Por un lado, el aumento de impuestos reduciría el margen de ganancia de los productores nacionales, especialmente de aquellos que dependen en gran medida del consumo interno, al limitar su capacidad para absorber o trasladar los mayores costos al consumidor final.

Por otro lado, podría fomentar el contrabando y la informalidad, al encarecer el precio legal de los licores frente a los productos de origen ilícito, lo que pondría en riesgo los ingresos departamentales derivados del impuesto al consumo y de los derechos de explotación, que actualmente ascienden al 2% de las ventas. Además, la reforma podría desincentivar la inversión y la innovación dentro del sector, afectando tanto la producción local como la generación de empleo.