Con el cierre de 2025, también concluye un periodo en el que el sector energético ocupó buena parte de la conversación pública. La discusión abarcó desde el uso de energías como el petróleo y el gas, hasta fuentes como la geotérmica y la generación eólica y solar. A estos debates se sumó un nuevo concepto: más que apuntar a una transición energética, debe hablarse de una “adición energética”, haciendo referencia a que las energías renovables no llegan a reemplazar al petróleo o al gas, sino a sumarse a las fuentes de generación existentes.
En medio de este contexto, Alexandra Hernández, presidente del gremio de energías renovables, SER Colombia, analizó los datos de cierre de 2025, las oportunidades emergentes para el sector y el papel de las compañías que apostaron por el mercado energético colombiano. También destacó las áreas de oportunidad en un segmento que, pese a los avances, aún tiene un camino amplio por recorrer.
¿Cuál es el logro más destacado de las energías renovables en 2025?
Alcanzamos 13 % de participación en la capacidad instalada de generación de energía, hace dos años éramos 2,5 %. Hemos crecido en autogeneración, duplicamos la cifra, y esto fue resultado de una inversión privada por más de US$2.900 millones que ha apostado porque los colombianos tengan una energía competitiva en tarifas.
Pero vamos a mitad de camino y ese es el otro elemento que no podemos dejar de lado. Necesitamos triplicar lo logrado hasta el momento y por eso seguimos haciendo un llamado a los inversionistas, al Gobierno, a las autoridades competentes en permisos a que trabajemos juntos, con la finalidad de que los proyectos puedan entrar en operación a tiempo para cuando Colombia los necesite.
Vamos por buen camino, ha habido una apuesta importante de un sector privado que ha creído en el país. Ha habido avances normativos, pero no es suficiente. Esta inversión debe triplicarse porque habrá un déficit de energía a partir de 2028.

¿Cuántos nuevos proyectos entraron en 2025?
En 2025 empezaron a entregar energía 27 nuevos proyectos con una capacidad de 925 megavatios. Sumando a esos 27 proyectos los otros que han entrado en los últimos dos años, totalizamos en planes de mediana y gran escala 2.685 megavatios; esa suma equivale al consumo de 6,5 millones de colombianos durante un año. Eso es casi una ciudad como Bogotá.
¿La cifra de 27 iniciativas que entraron es positiva en comparación con años anteriores?
Es similar a años anteriores, en Colombia está la constante de que, mientras la construcción de estos proyectos se tardó entre 12 y 18 meses, la preparación y trámites fue por lo menos de tres años o más.
Toda esa fase de preparación sigue siendo larga, sigue tomando tiempo en Colombia. ¿Dónde se puede mejorar? Sin duda alguna, acelerar los trámites y tiempos normativos puede reducir tiempos de preparación, y es que 70 %, del tiempo que tarda un proyecto en ponerse en operación se va en permisos, firma de contratos, obtención de conexiones a la red, que es el punto de partida de un proyecto. Hay un desafío.
¿Cómo reciben la vigencia de las licencias ambientales flexibles para proyectos solares y eólicos?
Son buenas medidas. Van en la dirección correcta, lo mismo que los temas de los acuerdos de coexistencias, cuando se superponen con otras actividades, con otros proyectos de minería e hidrocarburos.
Ahora, la siguiente etapa es la implementación, cómo nos va a ir con esas licencias. Apenas estamos haciendo los primeros estudios ambientales en el marco de estas licencias para proyectos futuros. Esto va a ser un tema que va a ir en beneficio de los proyectos que vendrán a futuro, en los próximos años. Ya las licencias y los que entraron con el régimen anterior tienen que acogerse al que había en ese momento.

¿Esto en cuánto disminuiría el tiempo que tardan los proyectos en entrar con esa iniciativa en vigencia?
Cuando se presentó la información de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la estimación es que podían bajar entre 50 % a 70 % los tiempos de evaluación en general de los proyectos.
No se exigirían muchos de los monitoreos o varios que se exigen, y esto toma tiempo en las fases de elaboración de los estudios ambientales porque parte de la información ya la tiene ANLA. Lo segundo es que, al ser la información provista por la misma autoridad, los tiempos de evaluación por parte de los funcionarios serían menores.
¿Cómo participa la inversión privada en planes de energía renovable?
De los megavatios que entraron a generar energía en mediana y gran escala, 71 % provino de nuevos inversionistas que están entrando al mercado. Vienen de diferentes lugares. Hay empresas españolas, de EE. UU., chinas y colombianas.
Están empresas como Atlas Renewables, Ecoener que es española. Puerta de Oro Patria que es brasilera, que es el proyecto más grande que se ha puesto en operación, Grenergy que es española, CTG que es china, y Erco que es colombiana.
¿Ecopetrol está en el listado?
No lo tenemos en el listado. Ellos entran en el de autogeneración, porque no son proyectos para comercializar energía, sino de autogeneración. Ellos hacen parte de 1.200 megavatios adicionales a estos 2.685 de gran escala.
Es una cifra importantísima, porque son proyectos que se demoran entre cuatro y nueve meses en entrar en operación, aunque son para atender necesidades directas.

¿Qué otros retos existen en materia regulatoria?
Sigue habiendo una norma de finales del año pasado, esta intervención que hicieron al cargo por confiabilidad. Si bien es cierto, hay un borrador que publicaron hace unas semanas que mejora en algo las condiciones para una empresa en participar en la subasta del cargo de confiabilidad que va a haber en los próximos meses, nosotros como industria seguimos planteando que realmente la raíz o la solución es reconsiderar la derogación de esa intervención que hicieron, que va a entrar en vigor y va a aplicar a los proyectos que sean asignados en esa subasta.
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