En días recientes, la multinacional Sacyr informó el cierre de la operación mediante la cual transfirió su participación en tres concesiones viales en Colombia, un negocio valorado en US$1.565 millones. La compañía confirmó que la transacción obtuvo todas las autorizaciones regulatorias requeridas y notificó oficialmente su culminación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El portafolio vendido incluye las autopistas Pamplona–Cúcuta, Autopista al Mar 1 y Rumichaca–Pasto, que en conjunto suman 416 kilómetros de vías relevantes para la movilidad regional.
Para ampliar la información, el director de Asuntos Gubernamentales y Relaciones Públicas de Sacyr Concesiones Colombia, Carlos Rosado, habló con Valora Analitik. En la entrevista destacó que uno de los aspectos centrales de esta transacción es la confianza que los inversionistas extranjeros mantienen en Colombia, pese a un entorno político que consideró retador. Según explicó, esta operación refleja que sigue existiendo interés internacional por proyectos de infraestructura en el país.
Rosado señaló que los recursos obtenidos permitirán a la compañía evaluar nuevas oportunidades. Comentó que, desde la casa matriz, se analizará la destinación del capital recibido, pero reiteró que la intención es continuar explorando proyectos en Colombia. En sus palabras, este tipo de ventas genera liquidez que puede reinvertirse, lo cual hace parte del modelo de negocio de Sacyr. Agregó que la empresa mantiene su interés en participar en iniciativas actualmente en estructuración o en proceso licitatorio, como la segunda línea del Metro de Bogotá y la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) Canoas, en las que ya están precalificados.
¿Qué planes hay en Sacyr dentro de la infraestructura colombiana?
Sobre los proyectos en curso, Rosado se refirió al Canal del Dique, uno de los desarrollos ambientales y de infraestructura más relevantes del país. Explicó que ya avanzan en el trámite de la licencia ambiental y en la elaboración del estudio de impacto ambiental, proceso que podría tardar cerca de 14 meses. Detalló que llevan aproximadamente tres meses trabajando en esta fase y que, una vez cumplidas las exigencias regulatorias, estarían en condiciones de iniciar la construcción.
Asimismo, indicó que la compañía adelanta actividades propias de la etapa de preconstrucción, entre ellas dragado, mantenimiento vial, inversiones sociales y pago de consultas previas. Señaló que, así como Sacyr cumple con los compromisos asumidos, esperan reciprocidad por parte del Gobierno para asegurar la continuidad del proyecto, considerado fundamental para la región y para el país.
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El directivo estimó que aún faltan 11 meses para finalizar el estudio de impacto ambiental, tras lo cual se sumarían entre tres y cuatro meses correspondientes al proceso de aprobación gubernamental. Bajo ese cronograma, proyectan iniciar obras en 2027.
Finalmente, Rosado abordó el avance de las obras en Buenaventura. Indicó que están en fase de construcción desde agosto del año anterior y que ya tienen intervención en cerca del 60 % del corredor. Sin embargo, el 40 % restante no ha podido iniciar debido a temas relacionados con consultas previas y diálogos con comunidades. Subrayó que es esencial avanzar en la totalidad del proyecto, pues su ejecución genera beneficios directos para la población. Aseguró que la empresa confía en resolver los pendientes con las comunidades para evitar retrasos o la necesidad de trasladar parte de las obras a otros puntos del mismo trazado.
