Uno de los sectores económicos más golpeados en los últimos meses, si no el más afectado, es el minero. Los más recientes reportes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) mostraron que esta industria, junto con la petrolera y gasífera, completó su séptima caída consecutiva en el PIB, confirmando una tendencia negativa que ya dejó de ser sorpresa.
En este contexto, una de las voces que ha cuestionado este deterioro es la de Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), quien en conversación con Valora Analitik habló de la confianza que aún mantiene el sector en 2026 pese a los desafíos. El dirigente gremial se refirió también a la apuesta que deberá hacer el próximo gobierno, a las oportunidades en exploración minera y a los retos, junto con los potenciales beneficios, de materializar políticas públicas en un escenario de altos precios del oro, marcado además por el hecho de que 75 % de la producción de este mineral en Colombia es ilegal.
¿Prevé movimientos empresariales en compras o incluso desinversiones en el país para 2026?
Espero que no. El sector minero ha sido en el cual el gobierno ha dirigido una mayor cantidad de decretos, resoluciones, leyes e impuestos. También ha sido con el cual ha tenido una mayor ambición regulatoria. Pero a pesar de eso, sigue pensando que Colombia es una opción viable para establecerse, invertir y ser parte de la solución a los problemas.
Si un nuevo gobierno llega a apostarle a la inversión social, a recobrar seguridad en el territorio, aquí está un sector minero listo para hacer inversiones reales y poder acompañar una nueva historia de reconstitución del tejido social, empresarial y minero en las regiones.
La industria sigue confiando en que 2026 sea un periodo en el cual pueda producir minerales como carbón, oro, níquel, esmeraldas, materiales de construcción, y así aportar a las finanzas públicas.
¿Cómo resume 2025 para el sector minero?
Empecemos por lo que hay que mejorar. Colombia debería recuperar tres aspectos: el respeto institucional, la responsabilidad fiscal y la responsabilidad jurídica. Esas tres cosas están con unos enormes cuestionamientos por el liderazgo que el gobierno ha tenido y deben rescatarse.
No debe haber más presiones indebidas a las cortes, al Congreso o al Banco de la República. Esa institucionalidad y esa independencia es lo que le da valor a nuestra democracia. Eso es fundamental porque un país que debilita sus instituciones deja de ser atractivo, y pierde inversión, pierde confianza, y por supuesto, lo terminamos pagando todos con un menor crecimiento económico.
¿Cuáles son las previsiones que tiene para el cuarto trimestre de 2025 sobre el desempeño del PIB en el sector?
Usted me pregunta como si esperáramos un crecimiento y no. Este gobierno ha mandado unas reglas equivocadas en relación con la inversión y con la estabilidad regulatoria y jurídica del sector, expidiendo leyes, nuevos tributos, decretos y resoluciones.
Eso ha venido generando que el sector que menos crece en la economía sea el minero. Como resultado de eso y muy a pesar del país, este sector en 2025 va a decrecer, y esperamos que, si logramos superar varios aspectos, por lo menos mantengamos la producción para 2026.
¿Colombia sigue con niveles de solo 2 % de su territorio explorado en materia minera?
En Colombia solamente está titulado 2,7 % del territorio. ¿Eso qué quiere decir? Que casi 97 % del territorio está sin exploración. Es decir, los colombianos no conocemos nuestra riqueza en minerales. Ya de cara al nuevo gobierno y a un nuevo año, ese es uno de los temas más importantes. Hay que mandar un mensaje claro al mundo de que Colombia está abierta para recibir inversión en exploración, y así ayudarnos, mediante el sector privado, a disminuir ese enorme déficit que el país tiene en conocimiento geológico y geocientífico del territorio.
¿Cuánto requeriría el país en inversiones en exploración para superar ese déficit?
El mundo invierte en exploración US$12.400 millones, de eso 30 % va para América Latina, serían como US$5.000 millones; esta suma se dirige básicamente a Perú, Chile, México y Argentina, Colombia no está en eso.
Pero si se lograra pasar de US$90 millones que recibimos en exploración a una cifra como la que está teniendo Argentina, que son casi US$400 millones en inversión en exploración minera, sería algo significativo como ventaja a la inversión extranjera.
¿No ha habido gobiernos que hayan implementado un plan de política pública para incentivar la exploración?
En la historia reciente no y eso es algo que el nuevo gobierno debe hacer. También es fundamental recobrar la seguridad física y territorial. Eso que está sucediendo con el paro armado del ELN y en las vías del país es una muestra clara de la urgencia que tenemos de recobrar nuestra tranquilidad y seguridad.
¿El paro armado del ELN afectó a las empresas mineras?
Sin duda, estas empresas se desarrollan en sitios apartados y alejados en donde son susceptibles a la inseguridad. No solo en este paro armado, la línea férrea de Cerrejón ha sufrido este 2025 alrededor de cuatro atentados terroristas, hay operaciones mineras que tienen que convivir permanentemente con grupos armados dedicados a la extracción ilegal de oro.
Hay compañías mineras que viven en entornos complejos, igualmente sus contratistas y trabajadores. La seguridad del territorio es una condición para garantizar la vida de los trabajadores, de las operaciones e inversiones. Tal vez dentro de la minería en su conjunto, los que más se ven afectados son las compañías dedicadas a la exploración, porque son susceptibles a la seguridad del territorio.
¿Qué gobierno necesitará Colombia en 2026?
Un gobierno que tenga como prioridad la responsabilidad fiscal y una apuesta real por el crecimiento empresarial y económico, que apueste por recobrar la seguridad jurídica que este gobierno con decretos y resoluciones ha perdido.
Es decir, uno que llegue con una clara apuesta de que la seguridad jurídica es fundamento de la inversión y vuelva a recobrar la senda que teníamos, echando para atrás decretos y resoluciones que lo único que hacen es generar incertidumbre. Y también uno que tenga como prioridad recobrar la seguridad en los territorios.
¿Cree que el proyecto de ley minera va a poder ver la luz en 2026 con los tiempos del Congreso?
Más que por los tiempos, mi llamado es a la Cámara y al Senado para que no avancen en la votación de un proyecto de ley, sobre todo en uno de ley antiminera. Es un plan de ley que estatiza el desarrollo minero en Colombia.
Es un proyecto de una minería centralizada, restringida para la participación privada y la inversión extranjera. Entonces, más que por los tiempos, mi llamado es a la responsabilidad de los senadores y representantes de que no avancen con un plan que busca materializar una visión del desarrollo económico en un sector, sobre todo de los sesentas o setentas de la Unión Soviética y en demás países similares.
¿Cómo quedaron empresas como Drummond o Cerrejón tras la suspensión de exportar carbón a Israel?
Esa medida, más el conjunto de otras, llevó a las compañías productoras de carbón a hacer un anuncio público de reducir su producción de carbón de aquí a diciembre. Con mucho pesar, para los colombianos eso se cumplió.
El país debe estar exportando alrededor de 49 millones de toneladas. En 2017 exportó 90 millones de toneladas. Los años siguientes se estabilizaron en cerca de 60 millones de toneladas, en 2024 fueron 55 millones de toneladas; todo esto es menos impuestos, regalías, inversión y por supuesto, menos empleo.
¿Cuánto perdió Colombia con la orden de no exportar carbón a Israel?
El sector del carbón perdió alrededor de 5 millones de toneladas exportadas. Eso termina afectando a las compañías, las regiones productoras y al país en su conjunto.
¿Cómo le va a ir al oro en 2026?
El oro tiene los mayores precios históricos vistos en la historia reciente. Eso tiene una oportunidad si se acompaña con políticas claras de que el mineral debe enfocarse dentro de la legalidad. Si no es así, es una gran amenaza para la inversión, para el medio ambiente y las comunidades donde se desarrolla esa ilegalidad.
¿Cuánto puede mover la minería ilegal solo en oro?
La Contraloría General de la República en su último estudio dice que 75 % de la totalidad de la producción de oro en el país es ilegal. Déjeme decirle que esa ilegalidad está vinculada con las peores bandas criminales que están azotando a los colombianos, generando muertes, destrucción y explosiones por todo el territorio.
¿Se podría decir que, si el Estado protege la inversión privada, esa es una de las maneras más efectivas de atacar la minería ilegal?
Sin duda, si promueve la inversión institucional de empresas en territorios mineros y facilita la formalización de unidades mineras, sin duda es la mejor manera de poder contrarrestar un poco esos entornos de ilegalidad. El sector privado y la institucionalidad es una respuesta ante la ilegalidad.
¿Qué otras políticas públicas deben implementarse?
Creo que un nuevo gobierno debe llegar con una decisión de Estado, que Colombia no ha tomado y que otros países como Canadá, Australia y Suecia ya tomaron, y es apalancar su crecimiento y desarrollo con el sector minero.
Espero que el próximo gobierno tome la decisión de que Colombia sea un país minero y que se actúe en consecuencia. Es el momento de hacerlo por las finanzas públicas, por las oportunidades y por esa necesidad que tiene el mundo moderno con menos emisiones.
Que tenga también una política clara de productividad y eficiencia para los minerales que produce el país: carbón y oro. Y por supuesto decirle al mundo que Colombia es un país atractivo para la inversión en exploración minera; todo eso tiene sentido solamente cuando se construyen minas.
