Tras la caída de la reforma tributaria que iba por $16,3 billones, el gobierno del presidente Gustavo Petro publicó el decreto de emergencia económica, con el cual intenta hacer modificaciones al IVA, al impuesto a la renta, entre otros tributos, para obtener recursos en el Presupuesto.
El ejecutivo indicó que el decreto debe implementarse, ya que, de no hacerse, existiría un riesgo sistémico en el sector energético. Indicó que, para la vigencia de 2025, están pendientes pagos por subsidios por $5,1 billones, de los cuales $4,18 billones corresponden a energía eléctrica y $935.000 millones a gas. Con ello, incluyó en el decreto uno de los temas más sensibles del sector: el pago de subsidios a las empresas de energía.
Según lo manifestado, para las comercializadoras, los subsidios representan una parte significativa de sus ingresos: 40 % en las zonas interconectadas y 100 % en las zonas no interconectadas.
Posteriormente, expresó que la acumulación de sumas no canceladas en subsidios de 2025 y 2026 llevaría a que entre 39,1 % y 40,7 % de la demanda en Colombia se vea afectada, como consecuencia del impacto financiero para la industria energética.
Asimismo, advirtió que, si no se atienden las situaciones en el Caribe, particularmente en Atlántico, La Guajira y Magdalena, se presentaría una cancelación masiva de contratos de energía y un efecto directo sobre la energía comprada en bolsa, la cual tiene precios más volátiles, lo que se traduciría en mayores alzas para los usuarios. A lo anterior agregó que también habría un aumento de la deuda, deterioro de las redes, mayores pérdidas de energía y menor recaudo.
En el documento se expresó que, en cumplimiento del artículo 47 de la Ley 143 de 1994, los subsidios del sector energético deben financiarse a través de los aportes de los usuarios residenciales de estratos altos y de los usuarios no residenciales. Estos aportes no deben exceder 20 % del costo de la prestación de los servicios, y los recursos faltantes para su financiación deben ser cubiertos por el Estado. También dijo que este escenario pone en riesgo la prestación de los servicios públicos a 1,38 millones de usuarios.
La otra cara de la moneda
Para el banquero de inversión y experto en el sector energético, Iván Arroyave, el hecho de que en el decreto se mencione la necesidad de cancelar $5,1 billones en subsidios no significan que este sea el mecanismo necesario para cumplir con estas obligaciones. Señaló que el esquema de subsidios establecido en la Ley 143 de 1994 determina que el gobierno debe cancelar esas sumas. Por lo tanto, según lo indicó, un decreto de emergencia no es un requisito ni para reconocer ni para pagar obligaciones que ya existen.
El analista mencionó que dichas obligaciones ya eran conocidas, previsibles y acumuladas en el tiempo. En ese sentido, debieron atenderse de manera oportuna con el presupuesto ordinario y que, al no tratarse de un hecho excepcional, no se justifica un estado de emergencia para cumplir con obligaciones que ya estaban previstas.
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Además, explicó que el hecho de que los estratos altos cubran hasta 20 % de los subsidios a la energía para la población vulnerable, el documento no implica la creación de un nuevo cargo adicional. A su juicio, esto demuestra que las obligaciones del Estado son conocidas, permanentes y previsibles desde 1994. Por lo tanto, concluyó que la medida no se justifica.
La Corte estudiará el decreto en enero de 2026
A través de un comunicado, la Corte Constitucional señaló que realizará el respectivo estudio del decreto de Emergencia Económica una vez haya culminado el periodo de vacancia judicial, es decir, el 13 de enero de 2026.
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