Gobierno reconoce menor giro de recursos a las regiones al cierre de 2025: estas fueron las razones

La reducción se produjo por factores como menor recaudo al monto aforado en la Ley de Presupuesto.

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El Gobierno admitió una disminución del último giro del Sistema General de Participaciones (SGP) distribuido en 2025 y cercano al 48%, frente a 2024.

Sin embargo, aclaró que no se trata de un recorte al presupuesto del SGP, sino de un ajuste obligatorio por ley debido a un menor recaudo nacional en 2024.

Según el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Ministerio de Hacienda, durante 2024 los ingresos corrientes de la Nación fueron inferiores a lo que estaba previsto en la Ley de Presupuesto. Cuando esto ocurre, la Constitución y la Ley 715 de 2001 ordenan que la diferencia se corrija en la siguiente liquidación del SGP.

Ese ajuste, explicaron las entidades, se concentró en la última doceava (el giro final del año), lo que generó la caída que detectaron varios alcaldes al comparar los recursos recibidos con los del año anterior.

Aun así, el Gobierno insistió en que el SGP no se reduce cuando se mira el total del año. De hecho, informó que el presupuesto del SGP para 2026 será de $88,4 billones, lo que representa un aumento del 44 % en comparación con 2022 y un crecimiento del 7,8 % frente a 2025. Ese monto ya quedó aprobado en la Ley de Presupuesto de la Nación.

El Ejecutivo también destacó que el SGP funciona con una fórmula diseñada para dar estabilidad a los territorios: se calcula con el promedio de los ingresos nacionales de los últimos cuatro años, lo que permite amortiguar bajones temporales del recaudo.

Didier Tavera, director ejecutivo de la FND
Didier Tavera, director ejecutivo de la FND. Foto: FND.

Además, recordó que en el Congreso está en trámite la llamada Ley de Competencias, que propone aumentar gradualmente la participación del SGP sobre los ingresos de la Nación hasta llegar al 39,5 % en los próximos 12 años.

Finalmente, el Ministerio de Hacienda y el DNP informaron que están estudiando opciones para reducir el impacto del ajuste en el flujo de recursos de los municipios, sin poner en riesgo la sostenibilidad fiscal.