El Gobierno del presidente Gustavo Petro y la Gobernación de Antioquia vuelven a chocar. El gobernador Andrés Julián Rendón anunció que no aplicará el decreto de emergencia económica expedido por el Ejecutivo mientras la Corte Constitucional no tome una decisión de fondo, al advertir que las medidas tendrían un impacto cercano a $1,5 billones sobre las finanzas del departamento.
Según Rendón, el decreto impone una carga tributaria abusiva para las regiones y traslada el ajuste fiscal a los departamentos, afectando directamente la inversión pública, los proyectos de infraestructura y las empresas industriales y comerciales del Estado en Antioquia.
“Petro quiere cuadrar caja por cuenta de las regiones”, afirmó el mandatario departamental, al referirse a los efectos que tendrían las decisiones del Gobierno sobre la capacidad financiera del departamento.
Uno de los mayores impactos, de acuerdo con el gobernador, provendría del incremento del salario mínimo, que calificó como cercano a cinco veces la inflación causada. Ese ajuste obligaría a la Gobernación de Antioquia a asumir sobrecostos por $770.000 millones, derivados del encarecimiento de obras de infraestructura, proyectos de vivienda, gastos de funcionamiento y el servicio de la deuda.
El choque ya se había evidenciado días atrás en la cuenta de X del gobernador, donde lanzó una dura crítica al Ejecutivo. “Uno de los sinónimos de emergencia es desastre: eso es el gobierno Petro, que tiene al país viviendo en emergencia desde hace 3 años y 5 meses. Los decretazos de emergencia económica y el aumento del salario mínimo le costarán al Departamento cerca de $1,5 billones. Esto pone en riesgo obra pública en Antioquia y soluciones de vivienda para 12.000 familias”, escribió.
Pese a las advertencias, Rendón aseguró que el departamento mantendrá su agenda de inversión. “Los antioqueños solucionamos: seguiremos trabajando con rigor y moviendo la economía”, señaló, al destacar que Antioquia avanza con 200 frentes de obra pública, enfocados en la generación de empleo y oportunidades.
El nuevo episodio se suma a la seguidilla de tensiones entre el Gobierno Nacional y varios mandatarios regionales, en medio del debate por el alcance de los decretos de emergencia, el manejo fiscal y el impacto territorial de las decisiones económicas del Ejecutivo.
