Los gobernadores del país decidieron no aplicar el Decreto 1474 de 2025, expedido en el marco de la declaratoria de emergencia económica, tras una reunión extraordinaria realizada este jueves 15 de enero en la sede de la Federación Nacional de Departamentos (FND).
Así lo confirmó la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, quien al término del encuentro anunció que la decisión fue tomada de manera conjunta por los mandatarios departamentales y que la Federación Nacional de Departamentos expedirá un documento oficial respaldando esta postura frente al Gobierno Nacional.
Rechazo a los cambios tributarios
Durante la reunión, los gobernadores analizaron las medidas tributarias contenidas en el decreto, especialmente los cambios en el impuesto a los licores, vinos y aperitivos, así como en el impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado, tributos que corresponden a rentas departamentales.
Los mandatarios insistieron en que estos recursos no pertenecen al Gobierno central, sino que son ingresos propios de las regiones destinados a financiar salud, educación y deporte, por lo que cualquier modificación tiene un impacto directo en la sostenibilidad fiscal de los departamentos.
¿Cómo quedó el impuesto a licores?
Uno de los ajustes más cuestionados es el incremento del IVA para los licores, vinos, aperitivos y bebidas similares —con excepción de la cerveza—, que entró en vigor el 1 de enero de 2026. Con esta medida, la tarifa pasó del 5 % al 19 %, encareciendo de manera significativa el precio final de estos productos.
Adicionalmente, bebidas alcohólicas como whisky, ron, aguardiente y brandy quedaron sujetas a un mayor impuesto al consumo de licores. Según lo establece la norma, el componente ad valorem se fijó en 30 % sobre el precio de venta al público, un ajuste que impacta tanto las finanzas territoriales como el bolsillo de los consumidores.
Alertas por peajes, concesiones y orden público
En el encuentro, los gobernadores también evaluaron las afectaciones en peajes, concesiones viales y proyectos de infraestructura, así como asuntos de orden público y la situación fronteriza, especialmente en relación con Venezuela.
De acuerdo con fuentes del encuentro, la principal preocupación es que varias disposiciones del decreto comprometen ingresos propios de los departamentos, aumentan la presión fiscal sobre las regiones y ponen en riesgo la inversión social y la obra pública.
En la reunión participaron gobernadores de Antioquia, Meta, Amazonas, Atlántico, Caldas, Cesar, Caquetá, Chocó, Huila y Valle del Cauca, entre otros. Según se manifestó, existe un desacuerdo generalizado frente a la aplicación del decreto, particularmente por el impacto que tendría la eliminación de peajes y los ajustes a la figura de concesiones viales, fundamentales para el financiamiento de infraestructura regional.
A diferencia de encuentros previos, esta vez los mandatarios pasaron de la evaluación a la decisión, anunciando que no aplicarán el decreto, mientras se define su futuro jurídico.
Antioquia ya había marcado la línea
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, fue uno de los primeros en fijar posición al reiterar que no aplicará el decreto hasta que la Corte Constitucional se pronuncie de fondo. Para el mandatario, las medidas trasladan el ajuste fiscal del Gobierno a los departamentos y ponen en riesgo la inversión regional.
Su postura terminó convirtiéndose en un punto de referencia dentro del bloque de gobernadores.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, calificó la postura como un “mal ejemplo” y advirtió que los gobernadores no tienen la competencia para decidir qué normas se cumplen o no, una función que corresponde exclusivamente a la Corte Constitucional.
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Benedetti alertó que desconocer un decreto con fuerza de ley podría derivar en un choque institucional, e insistió en que será el alto tribunal el que determine la constitucionalidad de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional.
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