El ministro del Interior, Armando Benedetti, se reunió con los gobernadores de los distintos departamentos del país para destrabar la implementación del decreto de emergencia económica expedido por el presidente Gustavo Petro.
Pero cuando salió a anotarse la victoria y a afirmar que los gobernadores implementarían las nuevas reglas de juego, desde la Federación Nacional de Departamentos (FND) aseguraron que no hay acuerdo.
En un comunicado señalaron que se mantienen en la postura de “defender los derechos fundamentales a la salud, educación y deporte y, por tanto, defender las rentas cedidas a los departamentos que garanticen su prestación a las comunidades en los territorios”.
Por tanto, irán ante la Corte Constitucional a pedir una medida de suspensión provisional de la implementación del decreto, en lo que refiere al aumento del impuesto al consumo y el incremento al IVA para licores y cigarrillos”.
Finalmente, señalaron que están dispuestos a mantener el diálogo y participar en los espacios que el Ministerio del Interior convoque.
Benedetti y su mensaje contrario
Y es que, tras el encuentro, Benedetti aseguró a medios que la reunión se desarrolló en un ambiente “cálido y amable” y que el entendimiento fue “perfecto”, e incluso descartó que exista una rebelión por parte de los mandatarios regionales. “Ellos mismos dijeron que nunca usaron esa palabra; fue un término acuñado por los medios”, afirmó.
Sobre la principal incógnita —si los gobernadores aplicarán o no el decreto— el ministro fue tajante: sí lo harán. “Les toca”, dijo.
Como salida al malestar de los departamentos, el Gobierno planteó un esquema de compensación: si los nuevos impuestos llegan a afectar la recaudación y, en consecuencia, el presupuesto departamental, la Nación asumiría los recursos necesarios para cubrir esa eventual erosión de ingresos.
Benedetti también respondió a las críticas sobre una supuesta pérdida de autonomía territorial. Según explicó, ese argumento no se sostiene jurídicamente, pues existe la sentencia C-414 de 2012 de la Corte Constitucional, que habilita la modificación de este tipo de impuestos en contextos de problemas macroeconómicos. A ello sumó la obligación del Gobierno Nacional de actuar con mayor contundencia contra el contrabando.
“El escenario de que el contrabando o una eventual disminución del consumo —como dicen ellos, aunque nosotros no lo creemos— afecte los presupuestos departamentales está cubierto. Si eso llegara a pasar, la Nación compensaría. Sin embargo, nuestros cálculos indican que no va a ocurrir”, sostuvo el ministro.
Finalmente, Benedetti confirmó que las mesas técnicas entre el Gobierno y los departamentos comenzarán de inmediato.
