La situación financiera de Nueva EPS enfrenta un escenario de alta complejidad tras la reciente decisión de varios despachos judiciales de ampliar de forma considerable las medidas de embargo en contra de la entidad. Este hecho ha encendido las alertas al interior de la promotora de salud, que advierte sobre las posibles consecuencias que estas determinaciones podrían tener tanto en su operación como en la garantía de los servicios para millones de usuarios en el país.
De acuerdo con la información entregada por Nueva EPS, cuatro juzgados ordenaron incrementos significativos en los embargos vigentes, una medida que, según la entidad, compromete de manera directa su capacidad financiera y pone en riesgo la atención de más de 11,7 millones de afiliados en todo el territorio nacional.
La EPS señaló que el monto total embargado ya supera los $2,1 billones, una cifra que representa un crecimiento sustancial frente a los valores registrados meses atrás.
La entidad recordó que, en noviembre de 2025, los embargos ya habían experimentado un aumento considerable, al pasar de poco más de $422.000 millones a cerca de $887.000 millones.
Desde Nueva EPS se advirtió que el impacto de estas medidas es inmediato. Varias cuentas bancarias permanecen bloqueadas y existen recursos retenidos provenientes de distintas fuentes de financiación, lo que reduce de manera significativa la capacidad operativa de la entidad.
¿Estaría en riesgo la sostenibilidad de Nueva EPS con el nuevo embargo?
Esta situación no solo afecta a la EPS, sino que también tiene repercusiones directas sobre miles de instituciones del sector salud y gestores farmacéuticos que dependen de estos recursos para sostener su operación. La entidad alertó que, de mantenerse las medidas cautelares, la sostenibilidad financiera podría deteriorarse aún más, generando un efecto en cadena que impactaría a cerca de 5.000 prestadores de servicios de salud en todo el país, muchos de los cuales presentan una alta dependencia económica de los pagos provenientes de Nueva EPS.
En cuanto a los procesos judiciales que dieron origen a los embargos, la EPS precisó que actualmente involucran a aproximadamente 95 instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS), en su mayoría entidades privadas de gran tamaño.
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Los despachos que concentran la mayor cantidad de medidas son el Juzgado Primero Civil del Circuito de Florencia, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma ciudad, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Puerto Rico, en Caquetá, y el Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá.
Frente a este panorama, Nueva EPS aseguró que ha puesto en marcha distintas acciones jurídicas y financieras orientadas a mitigar el impacto de las decisiones judiciales. Asimismo, informó que ha sostenido acercamientos con los jueces competentes, incluso en relación con cuentas que, de acuerdo con la normativa vigente, tienen la condición de inembargables.
En su defensa, la entidad reiteró que los recursos correspondientes a la Unidad de Pago por Capitación (UPC) cuentan con un carácter constitucional y legal de inembargables, al tratarse de fondos parafiscales destinados a garantizar el derecho fundamental a la salud. Este principio, según explicó la EPS, está respaldado por la Constitución Política y por disposiciones legales como las leyes 1438 de 2011 y 715 de 2001, así como por circulares recientes emitidas por el Ministerio de Salud y Protección Social y la Procuraduría General de la Nación.
Finalmente, Nueva EPS informó que la situación ya fue puesta en conocimiento de la Superintendencia Nacional de Salud, el Ministerio de Salud y Protección Social y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), entre otros organismos de control. La entidad solicitó la adopción de medidas urgentes que permitan contener el impacto de estas decisiones judiciales y reiteró su llamado a las autoridades para evaluar con rigor las implicaciones legales, financieras y sociales de los embargos, con el fin de proteger la estabilidad del sistema de salud y garantizar la continuidad del servicio para millones de afiliados en Colombia.
