Este jueves se celebra en Colombia la audiencia para resolver la solicitud de reconocimiento de la financiación DIP en favor de Canacol Energy, que le permitiría continuar sus operaciones en el país.
Durante la audiencia en la Superintendencia de Sociedades se generó un cruce entre los apoderados de varias compañías con las cuales Canacol tiene compromisos económicos.
Por un lado, Juan Sebastián Lombana, apoderado de Macquarie Bank, uno de los acreedores de la gasífera, consideró que se debía suspender la audiencia, pues hay parte del trámite legal que debe tomarse con más tiempo.
Entre tanto, la apoderada de Canacol, María del Rosario Gómez, afirmó que, para continuar el negocio en marcha, se requiere el desembolso del crédito y calificó como “actividades dilatorias” las intenciones de Macquarie. Según ella, incluso reconocidas por la corte canadiense.
Tiempos se acortan para Canacol
“No ha hecho sino maniobras dilatorias, para que la compañía se avoque a una crisis de caja y la suspensión de un servicio que dejaría al norte del país sin gas”, afirmó.
De igual manera, la abogada de Canacol advirtió que, si no se cumplen los desembolsos de crédito DIP, a partir del 21 de febrero Canacol se quedaría sin recursos para mantener el negocio en marcha.
Lo que está detrás de ese cruce de versiones jurídicas tiene que ver con el reconocimiento de derechos, que favorecería a los financiadores DIP, desplazando a los restantes acreedores.
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Claves para entender el proceso
El crédito DIP anunciado por Canacol en semanas pasadas, es una financiación liderada por acreedores actuales de Canacol, principalmente, por un grupo ad hoc de tenedores de bonos con vencimiento en 2028. Estos financiadores representan el 47 % de los acreedores actuales de Canacol.
La financiación DIP está compuesta por un préstamo a plazo de nuevos recursos, con desembolso diferido, por US$45 millones, con capacidad para obtener compromisos adicionales para emitir hasta US$22 millones en cartas de crédito.
El Financiamiento DIP y la carta de compromiso DIP fueron aprobados por la Court of King’s Bench el pasado 11 de diciembre, en Canadá. Posteriormente, Canacol recibió un primer desembolso por US$15 millones, según reveló en un comunicado.
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