Un nuevo frente de confrontación se abrió entre el presidente Gustavo Petro y la regasificadora de Cartagena (SPEC), una infraestructura que es clave para el sistema energético nacional y que hoy quedó en el centro de una disputa jurídica.
Para el jefe de Estado, el negocio de la importación y procesamiento de gas natural licuado en la capital de Bolívar habría operado durante años bajo un “monopolio privado” que, según su versión, terminó encareciendo las tarifas de energía eléctrica y afectando de manera directa a los usuarios del Caribe.
En esa línea, el mandatario le ordenó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado intervenir directamente. El Gobierno sustentó esa decisión en la necesidad de avanzar en la restitución de tierras a comunidades de Barú, que “habrían sido despojadas para dar paso a la terminal”.
El fantasma de la expropiación
El negocio de la regasificación hace parte del portafolio de Promigas, una empresa de Corficolombiana, que a su vez es filial del Grupo Aval, uno de los conglomerados financieros más grandes del país.
Sin embargo, las órdenes impartidas por el presidente Petro comienzan a generar temor en el sector empresarial, que ha manifestado que estas podrían terminar siendo expropiatorias.
De hecho, fuentes con conocimiento del tema le dijeron a Valora Analitik que la orden presidencial constituye, en la práctica, un intento de expropiación, basado en afirmaciones que desconocen tanto el origen del proyecto como su rol dentro del sistema energético del país.
Unos datos históricos sobre la terminal de Barú es que fue la primera planta regasificadora de gas natural licuado construida en Colombia y entró en operación en 2016.
Desde entonces, se convirtió en una infraestructura estratégica para garantizar el suministro de gas importado, especialmente en momentos en los que la producción nacional no ha sido suficiente para atender la demanda.
Expertos del sector recuerdan que su creación respondió a una alerta temprana lanzada por la UPME en 2010, cuando se advirtió que el país podría enfrentar un déficit estructural de gas natural.
Ante ese escenario, el Gobierno de la época diseñó una política de Estado orientada a asegurar el abastecimiento y, al mismo tiempo, proteger la confiabilidad del sistema eléctrico.
La importancia de la regasificadora para el gas en Colombia
El gas en Colombia no solo abastece a hogares e industrias, sino que cumple un papel central en la generación térmica, especialmente durante fenómenos de El Niño, cuando la capacidad de las hidroeléctricas disminuye de manera significativa.
En esos periodos, las plantas térmicas se convierten en el principal respaldo del sistema, y contar con gas resulta determinante para evitar apagones y racionamientos.
Fue en ese contexto que se estructuró un esquema regulado que separó funciones. Por un lado, se definió la figura del agente comercializador, encargado de importar el gas. Por otro, la del agente de infraestructura, responsable de recibirlo, almacenarlo y regasificarlo para que pudiera ser utilizado por las plantas térmicas.
SPEC participó en el proceso competitivo para operar la infraestructura, cumplió los requisitos técnicos y financieros exigidos y resultó seleccionada como la alternativa de menor costo. Desde el sector insisten en que el proceso fue público, regulado y ajustado a la normatividad vigente.
Petro sobre la regasificadora de Cartagena
Con este contexto, otra fuente del sector energético le dijo a este medio que el Petro está equivocado en su percepción de la regasificadora, sobre todo porque esta no participa en la compra ni en la venta del gas.
“Allí no se fijan precios, no se importan moléculas ni se hace negocio con el combustible. Lo único que se presta es el servicio de regasificación”, explicó. En la misma línea, subrayó que el valor del gas y su impacto en las tarifas eléctricas depende de múltiples factores ajenos a la operación de la planta.
De hecho, durante los episodios de mayor estrés del sistema eléctrico, como el fenómeno de El Niño de 2023–2024, la generación térmica llegó a representar cerca del 40 % de la energía producida en el país.
Sin la disponibilidad de gas importado, muchas de esas plantas habrían tenido que operar con combustibles líquidos, mucho más costosos, lo que habría presionado aún más las tarifas para los usuarios.
El lío judicial que envuelve el predio
A la controversia política se suma un litigio por la propiedad del predio donde opera la planta, una disputa entre particulares en la que, según fuentes del sector, el Estado no tiene competencia directa.
La puja se originó por el reclamo de una familia de Barú que, a lo largo de los años, ha intentado recuperar el terreno mediante distintos recursos, incluidos procesos penales. En varias ocasiones, esas actuaciones han fallado a favor de la regasificadora.
No obstante, el 9 de octubre de 2024 la empresa recibió un oficio de la Fiscalía 17 Seccional de Cartagena, firmado por la fiscal Ruth Elena Carrascal, en el que se informaba que el predio estaba sujeto a un embargo especial dentro de un proceso penal cuyo origen no había sido notificado a las partes. La decisión había sido adoptada sin que los involucrados hubieran sido informados de la existencia del trámite, que llevaba varios años en curso.
El expediente se encuentra actualmente en la Fiscalía en Bogotá, que debe resolver recursos interpuestos contra decisiones adoptadas previamente por la fiscal de Cartagena.
