El Ministerio de Hacienda publicó un proyecto de decreto que propone eliminar la retención en la fuente del 1,5 % para las transacciones realizadas mediante tarjetas de crédito y débito en comercios.
El objetivo de esta medida es corregir la desigualdad existente entre los pagos con tarjetas físicas —que tradicionalmente han soportado este gravamen— y otros medios electrónicos modernos, como códigos QR, transferencias de bajo monto y billeteras digitales, que actualmente no enfrentan dicha retención.
Esta iniciativa surge tras una serie de controversias regulatorias, pues en octubre de 2025, la cartera propuso vía proyecto de decreto crear un nuevo impuesto de retención en la fuente para los pagos realizados con las llaves del sistema Bre-B, así como con billeteras digitales populares como Nequi, Daviplata y dale!, entre otras.
Dicha propuesta recibió fuertes críticas de sectores financieros, gremios y centros de pensamiento, quienes advirtieron que un gravamen del 1,5 % desincentivaría el uso de medios electrónicos y fomentaría el retorno al efectivo.
Ante la ola de críticas, el Gobierno nacional reversó la propuesta original y decidió fijar la tarifa en 0 % bajo el argumento de que era necesario evitar obstáculos en la adopción de medios de pago electrónicos y fomentar la bancarización y la formalización de la economía en el país.
En su momento, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó que la intención de «nivelar la cancha» entre los distintos medios de pago se mantendría mediante una tarifa generalizada de cero.
Ahora la decisión se extendió a otros medios de pago. Fuentes con conocimiento del tema explicaron que, fundamentalmente, el proyecto busca que no se cobre esa retención a los comercios para mejorar su flujo de caja y, en consecuencia, evitar que el costo sea trasladado a las personas mediante un incremento en los precios de los bienes y servicios.
Lo que dice el decreto del MinHacienda
El decreto se sustenta en el hecho de que los instrumentos de pago han evolucionado y ahora, aunque sean físicos (como una tarjeta en plástico) o virtuales (como una billetera digital), cumplen la misma función económica.
Así, según el MinHacienda, se eliminarían las diferencias tributarias en el uso de diferentes productos financieros y se reconocería un trato similar a todos los medios.
Lo anterior tendría un impacto económico, pues la cartera identificó que las retenciones generaban distorsiones en los precios al consumidor, dado que los comerciantes solían elevarlos para cubrir estos costos tributarios.
Al incentivar los pagos electrónicos sobre el efectivo se anticipa una mejora en la eficiencia del sistema de pagos, así como una mayor trazabilidad de las transacciones, que se traduce en una reducción de la evasión fiscal.
Aunque la medida implica que la Nación dejará de recibir este año un ingreso que tenía asegurado vía recaudo de impuestos, el Gobierno estima que el costo fiscal será neutro a largo plazo, ya que la retención es solo un mecanismo de recaudo anticipado y no un impuesto adicional.
Los cambios normativos propuestos entrarían en vigor a partir del 1 de marzo de 2026. Este plazo se otorga para permitir la adecuación de los sistemas tecnológicos de los agentes retenedores y demás sujetos involucrados en el sistema de pagos.
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