El Congreso de la República fue convocado a sesiones extraordinarias este martes iniciará un debate de control político sobre la emergencia económica decretada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
A la sesión fueron citados todos los ministros del gabinete, quienes deberán explicar las razones que llevaron al Ejecutivo a declarar el estado de emergencia así como los alcances de las medidas adoptadas bajo esta figura constitucional. El debate incluye, además, un examen detallado de la venta directa de $23 billones en Títulos de Tesorería (TES) a un único comprador extranjero, la firma Pimco.
El control político busca establecer si el Gobierno cumplió con los criterios de excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad que exige la Constitución para acudir a un estado de emergencia. En la citación, los congresistas advierten que se trata de una herramienta extraordinaria que habilita al Ejecutivo para expedir decretos con fuerza de ley y adoptar decisiones con impacto directo sobre la política fiscal, la economía y los derechos de los ciudadanos.
Por esa razón, consideran indispensable un escrutinio político que complemente la revisión automática de constitucionalidad que deberá adelantar la Corte Constitucional.
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- El debate finalizó con palabras de los citantes, quienes señalaron que no hubo un hecho contundente para usar la figura de excepcionalidad.
- El último jefe de cartera en intervenir fue el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien apuntó que eventualmente el dinero de la emergencia económica contribuiría a la seguridad del país en tiempos electorales y buena parte de los recursos iría a drones y otros artilugios.
- En la recta final, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, tomó la palabra para explicar los presupuestos de salud, la UPC y el estado de la facturación.
- El ministro del Interior, Armando Benedetti, tomó la palabra diciendo que no hay afectación en la clase media, ni mucho menos en la clase baja. Según dijo, el decreto es fácil de defender, pues estos impuestos solo los pagarán quienes más tienen -los megaricos- e irán directo al pago de la deuda: “Este decreto es fácil de defender, porque aquí no solo hay un déficit fiscal, sino que hay un problema para pagar la deuda”, indicó el jefe de la cartera política. Y agregó que estos impuestos son para los megarricos: “Estamos hablando de impuestos para las personas con un patrimonio entre $3.000 millones y $102.000 millones, es decir, el 0,8 % de la población”. Igualmente, el jefe de la cartera política indicó que el decreto se desprende de un hecho sobreviniente, “porque es el Congreso el que crea esa situación. Cabe anotar, que ese dinero es exclusivamente para pagar la deuda y no para el presupuesto de este año”.
- Sobre las 3:30. p.m. intervino el ministro de Hacienda Germán Ávila.
- Posteriormente, intervino la bancada de gobierno con la senadora Aída Avella, Wilson Arias, Isabel Zuleta y Maria José Pizarro.
- Luego intervino la senadora Sandra Esperanza Andrade, del Partido Conservador, quien criticó la contradicción entre el discurso oficial del Gobierno —que sostiene que la economía va bien— y la necesidad de declarar una emergencia económica. En un mensaje político, la senadora llamó a la derecha a unificarse de cara a las elecciones presidenciales y expresó su convicción de que la declaratoria de emergencia económica será tumbada por la Corte Constitucional.
- A continuación, el senador Efraín Cepeda aseguró que la emergencia económica responde a una mala gestión fiscal y a una deficiente proyección del recaudo por parte del Gobierno. Señaló que se trata de un “hueco anunciado” y no de un hecho sobreviniente que justifique el uso de esta figura constitucional. Cepeda cuestionó además el uso reiterado del estado de emergencia y calificó la medida como un mal uso de una herramienta excepcional prevista para circunstancias extraordinarias.
- El primero en intervenir fue el senador y citante, Carlos Motoa, quien advirtió que el Congreso no debe “acostumbrarse a la excepcionalidad” y cuestionó al gobierno del presidente Gustavo Petro por acudir —según dijo— a atajos institucionales cada vez que no logra consensos en el trámite legislativo. Motoa sostuvo que la declaratoria se salta al Congreso.
- El debate inició con la participación virtual de varios senadores y del presidente del Congreso, Lidio García, conectados de manera remota.
