El ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó que el Gobierno evalúa decretar una nueva emergencia económica debido a la situación climática que afecta a varias regiones del país y que requiere recursos adicionales para atender la crisis.
Durante el Consejo de Ministros que se realiza en Montería, Ávila señaló que se necesitarían cerca de $8 billones para la recuperación de las zonas impactadas, especialmente en las cuencas del norte, bajo influencia del frente frío.
“Estos son hechos claramente sobrevinientes e impredecibles, y por eso hemos considerado que para atender esta coyuntura se hace nuevamente necesario el establecimiento de una medida de emergencia económica”, afirmó el ministro, al explicar que el objetivo es permitir al Ejecutivo acceder a recursos complementarios.
Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, indicó que el “plan B” del Gobierno contempla justamente acudir a una nueva declaratoria de emergencia económica para conseguir los fondos necesarios y enfrentar esta situación excepcional.
Cabe mencionar que el presidente Gustavo Petro solicitó formalmente a la Sala Plena de la Corte Constitucional reconsiderar la medida provisional que mantiene congelado el decreto de emergencia, mientras se emite el fallo definitivo. Según el mandatario, los hechos recientes han modificado de manera sustancial el contexto bajo el cual se adoptó la suspensión.
“Precisamente por respeto a ese control constitucional, y en el marco del diálogo institucional que nos exige la democracia, me permito poner en su consideración hechos nuevos, graves y sobrevinientes, que hoy cambian de manera sustancial la realidad que vive el país. Una emergencia que ya está cobrando vidas”, escribió Petro.
El presidente advirtió que una nueva declaratoria de emergencia abriría “otro frente” jurídico e institucional. En ese escenario, la Corte podría avalar una segunda emergencia, pero los impuestos contemplados en el primer decreto —que permanece congelado— no podrían aplicarse, lo que obligaría al Gobierno a replantear la carga fiscal y concentrarla en un grupo reducido de contribuyentes de mayores ingresos.
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