La tensión comercial entre Ecuador y Colombia entró en una nueva fase jurídica dentro de la Comunidad Andina (CAN).
El Gobierno de Daniel Noboa presentó tres reclamos formales contra Colombia por “vulneraciones a compromisos adquiridos” y “para la defensa de sus derechos”, como respuesta directa a los dos recursos que el Gobierno de Gustavo Petro interpuso ante el bloque regional por los aranceles del 30 % impuestos por Quito.
Ecuador reiteró que la imposición del gravamen del 30 % responde a “razones de seguridad nacional”, en el marco de su estrategia contra el crimen organizado transnacional.
Según Quito, la medida se justifica ante la falta de “acciones firmes y equivalentes” por parte de Colombia en materia de cooperación en seguridad.
A pesar del endurecimiento del conflicto, el Gobierno ecuatoriano insistió en que mantiene la “voluntad de resolver estas diferencias en el marco de la institucionalidad” y de garantizar un comercio bilateral basado en “reglas claras, condiciones equitativas y respeto mutuo”.
Del lado colombiano, el caso fue llevado ante la Secretaría General de la Comunidad Andina, al considerar que el arancel ecuatoriano desconoce el Acuerdo de Cartagena, que establece arancel cero entre los países miembros del bloque: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.
El Gobierno colombiano sostiene que la medida rompe el principio de libre comercio intracomunitario y afecta de manera directa el intercambio bilateral.
La disputa entre Colombia y Ecuador
El conflicto ahora está en el plano jurídico, cabe mencionar que Colombia impuso un arancel del 30 % a 23 productos ecuatorianos como medida proporcional, transitoria y revisable. Además, suspendió la venta de energía eléctrica a Ecuador, un paso que elevó la tensión diplomática y comercial.
Pero la escalada continuó: el Gobierno de Noboa incrementó en un 900 % la tarifa de transporte de crudo colombiano por el Sistema del Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), una decisión interpretada desde Casa de Nariño como una nueva represalia económica.
Con ambos países activando mecanismos institucionales dentro del bloque andino, la definición queda ahora en manos de la Comunidad Andina. Su decisión será clave para determinar si hubo vulneración de los acuerdos regionales y hasta qué punto los argumentos de seguridad nacional pueden justificar restricciones comerciales.
