El Gobierno Nacional creó un aumento temporal de 2% sobre los ingresos brutos de las compañías hidroeléctricas y termoeléctricas en las zonas afectadas por las fuertes lluvias que se han presentado en las últimas semanas. El mecanismo solo se aplicaría a empresas ubicadas en Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.
A esto se añade que cálculos de la firma de abogados Serrano Martínez CMA indicaron que, con el ‘impuesto’ temporal de 2 %, se recaudarían entre $200.000 millones y $300.000 millones sobre los ingresos brutos de estas empresas. Estos recursos irían destinados a financiar los planes de gestión de riesgo en los departamentos mencionados y que sufrieron las consecuencias de la ola invernal. Pero para las compañías generadoras de energía también se sumó un impuesto al patrimonio de 0,5 % que sería pagado progresivamente en 2026 y con el cual se recaudarían $8 billones.
“La mayoría de los artículos del decreto están encaminados a fortalecer los mecanismos de control y prevención de desastres. Al final, esto lo que representa son gastos para el Estado”, expresó Daniel Díaz, asociado de Serrano Martínez CMA.
El abogado enfatizó en que la contribución de seis meses de 2 % sobre las termoeléctricas e hidroeléctricas sería la medida que sostendría económicamente las demás que se mencionan en el decreto, puesto que estas últimas son de carácter de gestión de riesgo y lo que representan son gastos.
A lo anterior añadió que en este decreto no se tienen en cuenta las regulaciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), que es el organismo encargado de la regulación del sector, ya que la idea del Gobierno es justificar la medida por las implicaciones ambientales que tuvieron las lluvias.
Este panorama también se conecta con que un mayor impuesto al patrimonio para las empresas en 2026 podría trasladarse a los usuarios, es decir, las tarifas de energía eléctrica podrían aumentar. Sin embargo, la CREG tiene capacidad de regulación para que, frente a la contribución de 2 % por seis meses, no se traslade a la ciudadanía. No obstante, Díaz manifestó que habrá que ver cuál será la decisión que tome el organismo frente a lo mencionado.
¿La medida se puede caer?
Díaz manifestó que, como cualquier mecanismo de este tipo que expide el Gobierno, la Corte Constitucional es la que podría derribarlo y esta entidad podría pronunciarse en dos meses, es decir, a mediados de abril habría una decisión sobre si la Corte avala o no lo que estipula el decreto.
“No creemos que este decreto se suspenda como ocurrió con el anterior porque esta emergencia es real y tangible, pero creemos que podría haber un fallo de constitucionalidad en dos meses”, dijo Díaz.
Cabe mencionar que el impuesto de 2 % que pagarían las hidroeléctricas y las generadoras en las regiones mencionadas se destinaría exclusivamente a las zonas afectadas y no se trasladaría al Presupuesto General de la Nación. En última instancia, dijo, esto libera caja del Gobierno, pero no hace parte del Presupuesto y sería aplicado directamente en las regiones mencionadas.
En el decreto del Ejecutivo también se establece que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), que actualmente está dirigida por la ministra de Ambiente, Irene Vélez, tendrá facultades para modificar, de manera motivada e incluso mediante actos administrativos, instrumentos de control sobre los proyectos hidroeléctricos. Lo anterior se haría de la mano con las alertas meteorológicas del Ideam (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales).
Según lo manifestado, esto se hace con la finalidad de amortiguar eventos hidrológicos extremos y reducir los riesgos para mitigar las inundaciones que se generen durante estos fenómenos.
En cuanto al Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas (Pomca), el decreto señaló que se habilita el uso de información técnica de este mecanismo, incluso si no se ha adoptado formalmente, lo que podría incidir en el ordenamiento territorial, en decisiones que impactan la infraestructura energética y de servicios públicos, y en el manejo de las cuencas, afirmó Iván Arroyave, banquero de inversión y experto en energía.
Adicionalmente, el mecanismo estableció medidas transitorias a través de rondas hídricas que, según analistas del sector, restringirían los usos del suelo en zonas con riesgo de inundación.
“Tendrá por finalidad definir las medidas de preservación, restauración y uso sostenible, así como acciones de gestión del riesgo, ordenamiento territorial y recuperación de la funcionalidad hidráulica y ecológica de la cuenca”, se mencionó en el documento del Gobierno.
Pero el Ejecutivo fue más allá y ordenó revisar la operación de los embalses hidroeléctricos con la finalidad de que haya criterios más exigentes en la gestión del riesgo, y se evalúen crecientes con periodos de retorno de hasta 500 años.
Arroyave manifestó que el Gobierno no debería intervenir de manera discrecional las remuneraciones que hacen los agentes en el mercado eléctrico, puesto que esto forma parte de un esquema que regula la misma CREG.
“Precisamente esa entidad existe para diseñar y ajustar ingresos y cargos con criterios técnicos y previsibilidad, evitando que decisiones coyunturales alteren el equilibrio económico del sistema”, expresó.
El analista concluyó que el problema no es la medida en sí misma, sino las implicaciones que tiene en cuanto a las señales económicas que brinda, el aumento en la prima de riesgo regulatorio y el incremento en el costo de capital del sector.
Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación de Empresas Generadoras (Andeg), afirmó que este tipo de mecanismos generan desincentivos a la inversión en el sector. Añadió que, desde el lado del impuesto ambiental, la contribución sería de $70.000 millones para empresas hidráulicas y térmicas en los departamentos señalados.
En cuanto al impuesto al patrimonio de las empresas de generación eléctrica, estimó qie este sería de $260.000 millones, para un total de $330.000 millones de impacto sobre las empresas. Castañeda concluyó que estos incrementos pueden trasladarse a los usuarios, lo que terminaría incrementando las tarifas de los servicios públicos en Colombia.
—
