La expedición de un paquete de cinco decretos por parte del Gobierno para atender la emergencia climática encendió las alarmas en diversos sectores económicos, particularmente por cuenta de los nuevos impuestos.
Argumentando que necesita financiar la atención de inundaciones en varios departamentos, el Ejecutivo impuso nuevos gravámenes a las empresas que, según expertos, podrían comprometer la estabilidad económica del país, frenar la generación de empleo y ahuyentar la inversión nacional y extranjera.
Específicamente, el Decreto 0173 de 2026 establece un impuesto extraordinario al patrimonio para personas jurídicas con activos líquidos superiores a las 200.000 UVT (aprox. $10.454 millones). La medida contempla una tarifa general del 0,5 %, pero impone una sobretasa del 1,6 % para los sectores financiero y extractivo (carbón y petróleo).
ANIF ya había advertido que este gravamen reduciría los incentivos para el crecimiento empresarial y dificultaría la entrada de nuevos capitales. Según sus cálculos, la medida elevaría la tasa efectiva de tributación del 29,8 % al 35,5 %, enviando una «señal negativa a los capitales extranjeros».
Por su parte, el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana recalcó que focalizar el recaudo en los sectores con mejor desempeño podría alterar las decisiones de inversión y planificación empresarial, afectando la capacidad de generar empleo en un contexto de crecimiento ya moderado.
Adicionalmente, el decreto creó una contribución del 2 % sobre las ventas brutas de las empresas generadoras de energía eléctrica en las zonas afectadas por las fuertes lluvias (Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó) y por los próximos seis meses.
De acuerdo con Iván Arroyave, banquero de inversión y experto en energía, el problema no es la medida en sí misma, sino las implicaciones que tiene en cuanto a las señales económicas que brinda: el aumento en la prima de riesgo regulatorio y el incremento en el costo de capital del sector. Por su parte, Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación de Empresas Generadoras (Andeg), afirmó que este tipo de mecanismos generan desincentivos a la inversión en el sector.
Complejidad operativa y descontento gremial
Para los empresarios, el nuevo impuesto no solo representa un costo monetario, sino un reto operativo significativo. Las compañías deberán anticipar el cierre de sus estados financieros y realizar conciliaciones patrimoniales complejas en un tiempo récord.
Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, calificó la decisión de apresurada y dijo que carecía de sustento técnico, pues es una medida en desuso en el mundo, toda vez que castiga la innovación y a los empresarios exitosos. “Es un torpedo a las condiciones para que las firmas sigan creciendo y generando empleo”, dijo.
A esta preocupación se suman otros sectores como el de los transportadores, quienes han llamado la atención en que la logística nacional enfrenta riesgos por bloqueos y paros que tensionan el abastecimiento, agravados ahora por la elevada presión impositiva.
Una de las críticas más severas de los analistas al Gobierno es la falta de exploración de alternativas fiscales menos lesivas. El Observatorio Fiscal de la Javeriana cuestionó que el Estado se concentre en crear nuevos tributos en lugar de buscar reasignaciones presupuestales, eficiencia en el gasto o el uso de otras fuentes de financiamiento.
En la misma línea, Christian Quiñonez, socio de Clevertax insistió en que una reducción del gasto burocrático podría haber bastado para atender la emergencia, valorada por el Gobierno en $8,3 billones.
Los expertos también han calculado que el recaudo sobrepasaría las estimaciones del Gobierno. Respecto al patrimonio a las empresas, ANIF cree que su recaudo potencial sería de $13,4 billones y frente a la tasa a los ingresos de las hidroeléctricas, la firma de abogados Serrano Martínez CMA ve posible que se consigan entre $200.000 millones y $300.000 millones.
Así mismo, existen serias dudas sobre la transparencia en el uso de estos recursos. Quiñonez incluso denunció que el Decreto 175 permitiría al Gobierno contratar bienes y servicios e incluso adicionar recursos a contratos existentes en pleno marco de la Ley de garantías, lo que podría derivar en un aumento del gasto burocrático con fines electorales.
“Eso deja en clara evidencia que al Gobierno lo único que le ha interesado es aumentar ese gasto burocrático de cara a estas elecciones y lo ratifica con ese decreto en el que dice que va a poder contratar en plena Ley de garantías”, señaló el experto.
Incluso, la validez jurídica de estas medidas está bajo la lupa. Los abogados ya están cuestionando la constitucionalidad de los nuevos impuestos y anticiparon que la Corte Constitucional terminaría por sacar una medida suspensión.
Los analistas coincidieron en que medidas adicionales, como las inversiones forzosas, continúan en discusión e insistieron en que la sostenibilidad de las finanzas públicas no debe depender del recaudo inmediato a través de medidas excepcionales.
