El Ministerio del Trabajo publicó un borrador de decreto que busca obligar a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a trasladar a Colpensiones, en un plazo de 15 días hábiles, cerca de $25 billones en ahorros de los afiliados que se acogieron a la «ventana de oportunidad» de traslado.
Según el centro de estudios ANIF, esta medida tendría efectos negativos al desviar recursos que debían fortalecer el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo (FAPC), una figura creada en la reforma pensional para gestionar parte de los recursos de las cotizaciones de los trabajadores, que sería administrada por el Banco de la República.
La firma advirtió que estos recursos, que hoy representan un ahorro para garantizar las pensiones de mañana, se usarían bajo este decreto para cubrir obligaciones actuales, provocando que el fondo de ahorro se agote mucho más rápido y afectando directamente el pago de pensiones a futuro.
En su análisis, ANIF explica que los traslados son fundamentales en la etapa inicial del sistema para acumular capital antes del envejecimiento poblacional; sin ellos, el horizonte de sostenibilidad del FAPC se acorta considerablemente.
La advertencia del centro se basa en que cuando el FAPC se quede sin dinero, el Estado no tendrá otra opción que cubrir la diferencia con recursos del Presupuesto General de la Nación, lo que se traducirá en la necesidad de mayores impuestos para financiar el sistema pensional.
También cuestionó la legalidad del proyecto, pues la ley de reforma pensional establece explícitamente que estos recursos deben ser administrados por las AFP hasta que se consolide el derecho a la pensión.
Según el análisis, el Gobierno busca una liberación de caja en el corto plazo para financiar gastos corrientes, pero a costa de comprometer la responsabilidad fiscal y generar presiones adicionales que deberán compensarse con ajustes en el gasto o más ingresos tributarios en el futuro.
Riesgo de un choque financiero y aumento de tasas
Otro de los efectos más preocupantes detallados por ANIF y otros analistas es el impacto sobre el mercado de capitales. Se estima que aproximadamente el 70 % de los $25 billones (unos $17,5 billones) se encuentran invertidos en Títulos de Tesorería (TES).
Al exigir el traslado en un tiempo tan breve, las AFP se verían forzadas a realizar una venta masiva de estos títulos, lo que generaría una oferta sin precedentes que presionaría los precios a la baja.
Como consecuencia de esta liquidación forzosa, se produciría un aumento en las tasas de interés, lo que incrementaría el costo de endeudamiento para el propio Gobierno.
Este escenario es particularmente riesgoso dado que el servicio de la deuda ya representa una carga pesada en el presupuesto actual, y un incremento en las tasas dificultaría aún más el manejo de las finanzas públicas y la confianza en el sistema financiero local.
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