El Tren de Cercanías del Valle del Cauca, que tenía todo listo para ser licitado, fue hundido por el gobierno de Gustavo Petro, aunque nunca hubo mayores detalles sobre esta decisión que golpeó una de las obras de infraestructura más importantes del suroccidente colombiano.
Sin embargo, Valora Analitik conoció que el proceso se trabó por cuenta del Ministerio de Transporte y no de Hacienda.
Así lo dijo esta última cartera en respuesta a un derecho de petición, en el cual detalló que no avanzó más en los trámites de su competencia debido a que el Ministerio de Transporte nunca hizo el requerimiento formal para el aval fiscal.
La hoja de ruta para la viabilidad del proyecto establece una secuencia clara: primero se requiere el aval técnico por parte de la cartera de Transporte; una vez obtenido este, se procede a solicitar el aval fiscal ante Hacienda, requisito indispensable para la posterior expedición del documento Conpes de declaratoria de importancia estratégica y la firma del convenio de cofinanciación con la Nación.
Sin embargo, este último paso fue frenado y hoy se encuentra suspendido por la Ley de Garantías electoral, que prohíbe convenios interadministrativos hasta mediados de 2026.
Con este contexto, Manuel Reina, director de Proyectos de ProPacífico, explicó que, aunque se han realizado mesas técnicas con el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Ministerio de Transporte para adelantar insumos, aún no se tienen avales. Y agregó que, pese a haber solicitado información formal a la cartera de Transporte el año pasado para conocer el estado de los requisitos, «no hemos tenido una respuesta» definitiva.
Tensión política y el «no» del Gobierno
La iniciativa se encuentra en pausa luego de que el presidente Gustavo Petro diera a entender, previo al inicio de la Ley de Garantías el 8 de noviembre de 2025, que no habría financiación inmediata para el proyecto.
El mandatario agregó que daría prioridad al ferrocarril Buenaventura – Yumbo como salida al mar y justificó su postura en que su Gobierno no habría recibido respaldo de la región: “¿Acaso parte de la bancada vallecaucana no hundió la ley de financiamiento, una y dos veces?”, recordó en X.
Ante esto, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, calificó la decisión como una «mezquindad» y respondió en redes sociales: “Presidente: plantea usted una venganza política contra los vallecaucanos ante la postura libre y autónoma del Congreso de la República”.
Por su parte, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, dijo que se trataba de “una burla con nuestro pueblo que por egos políticos intenten hundir el sueño del Tren de Cercanías que los vallecaucanos llevamos 10 años desarrollando”.
A pesar del panorama, Manuel Reina sostiene que las entidades regionales siguen trabajando en actualizar la documentación para estar listos una vez finalice la restricción electoral. “No podríamos afirmar a este minuto que es una decisión definitiva”, señaló Reina respecto a la falta de firma del convenio, confiando en que se pueda proceder con el próximo gobierno o tras la Ley de Garantías.
Ante la falta de respaldo nacional para el 70 % de la obra (unos $8 billones), los gobiernos locales han iniciado gestiones para buscar cofinanciación privada. Dilian Francisca Toro confirmó que se han sostenido diálogos con el Banco Mundial y delegaciones de países como China, Corea y Estados Unidos “para que puedan apoyar en conseguir esa cofinanciación con inversión privada”.
Radiografía de un proyecto estratégico
El Tren de Cercanías del Valle proyecta una red total de 73,4 kilómetros que conectará a Cali, Jamundí, Palmira y Yumbo. El primer tramo priorizado, entre Cali y Jamundí, tiene una extensión de 23,14 kilómetros a 23,6 kilómetros, contará con 21 estaciones y un costo estimado de entre $12 billones y $13 billones.
La obra beneficiará a una población de 3,2 millones de habitantes, pues en el sur del Valle se concentra el 70 % de los habitantes del departamento y el 6 % de la población total del país. Además, se estima que el sistema permitirá ahorros del 33 % al 34 % en los tiempos de desplazamiento en hora pico.
A lo largo de una década, el proyecto ha cumplido hitos significativos. A finales de 2019, la firma francesa Systra, con respaldo del gobierno de Francia, socializó el estudio de prefactibilidad. Dos años después, se presentó al Gobierno Nacional una factibilidad, con respaldo de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y ProPacífico.
Luego, en 2021, se creó la empresa Sistema Integrado de Transporte Regional en el Gran Valle, SITREN GV S.A.S., la cual fue aprobada como ente gestor encargado. Y en noviembre del año pasado se firmó el convenio de cofinanciación regional entre Cali, Jamundí y el Valle para garantizar el 30 % de los recursos restantes ($3,5 billones).
Por ahora, no habrá convocatoria de licitación en febrero de 2026, como se había programado. En consecuencia, las obras del primer tramo de 23,6 kilómetros, entre Cali y Jamundí, no alcanzarían a iniciar en agosto de este año. Según el cronograma del estructurador, la construcción tomará más de cuatro años y se requerirán al menos 10 meses una vez culminen los trabajos para ponerlo en marcha.
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