Ecopetrol revisará la continuidad de Ricardo Roa, tras una indagación adelantada contra el presidente de la firma a manos de la Fiscalía General de la Nación, al tiempo que analiza todos los factores que pudieran tener consecuencias sobre la compañía.
Recuerda la petrolera que la Fiscalía decidió imputarle cargos por su presunta responsabilidad por el delito de tráfico de influencias de servidor público. Esta diligencia se llevó a cabo ante el Juzgado 35 de Control de Garantías de Bogotá.
Por primera vez, desde el inicio de las investigaciones, Ecopetrol revisará la continuidad de Ricardo Roa advirtiendo que la Junta Directiva ha recibido de forma oportuna y completa información por parte de la administración y ha estado acompañada de firmas de consultoría especializadas a nivel nacional e internacional.
“La Junta Directiva seguirá haciendo un pormenorizado y juicioso seguimiento de la información financiera para analizarla y tomar los correctivos al impacto que pudiera generar la situación del presidente sobre los valores de la compañía y continuará deliberando para adoptar una decisión formal sobre la compatibilidad de la continuidad del presidente con las obligaciones regulatorias de la compañía, conforme a los deberes fiduciarios de este órgano de administración”.
Ecopetrol revisará la continuidad de Ricardo Roa, pero presume su inocencia
Recuerda Ecopetrol que en la legislación colombiana la imputación es un acto de comunicación que tiene el efecto de vincular formalmente al proceso penal al señor Ricardo Roa, dar a conocer los hechos materia de investigación, las consecuencias jurídicas de los mismos y activar el derecho de defensa.
Al tiempo que añade que esta decisión no equivale a una condena o a una decisión de fondo y no desvirtúa la presunción inocencia que le asiste al señor Roa.
Mitras se dijo que la Junta de Ecopetrol revisará la continuidad de Ricardo Roa, la mesa directiva respeta la presunción de inocencia de Ricardo Roa y su derecho al debido proceso.
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“En sesión universal adelantada el día de hoy determinó que, en cumplimiento del deber fiduciario (Ley 222 de 1995, Ley 964 de 2005 y el Código de Buen Gobierno), seguirá actuando conforme con la debida diligencia y el protocolo establecido para ello, que permite realizar una evaluación rigurosa, objetiva y documentada del asunto”.
