Los congresistas ven posible que, antes de que termine el actual periodo legislativo en junio, se discuta al menos una vez el proyecto de ley de competencias que complementará la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP).
Sin embargo, para la construcción de la ponencia del primer debate de esta iniciativa que le apunta a fortalecer la autonomía regional y la descentralización en el país son necesarias 10 audiencias públicas, de las cuales solo ha ocurrido una.
Con o sin este avance, al nuevo Congreso, conformado por los senadores y representantes que salieron favorecidos en las elecciones de marzo, le corresponderá dar el visto bueno al articulado que quedó radicado a finales de 2025.
Y es que el avance del proyecto de ley de competencias ha enfrentado un camino prolongado debido a la complejidad técnica, los requisitos legales de consulta y la necesidad de construir consensos políticos en un tema históricamente sensible.
El exministro Juan Fernando Cristo recordó que, según lo establecido en la reforma al SGP, aprobada en 2024, la ley de competencias debe estar aprobada en su totalidad por el Senado y la Cámara antes de que finalice este año.
Esto es necesario para que el proceso de incremento de las transferencias regionales, del 29 % de los ingresos de la Nación actual hasta el 39,5 % en un periodo de 12 años, pueda comenzar a implementarse a partir del 1 de enero de 2027.
El aumento de estos recursos está estrictamente condicionado a la aprobación de esta ley de competencias, que busca definir con claridad qué tareas asumirán las regiones y cuáles permanecerán en el nivel central para evitar duplicidades con la nación.
La propuesta es que la Nación se concentre en la planeación y el desarrollo de políticas públicas, mientras que los municipios asuman la operativización en sectores como salud, educación y agua.
Vale la pena recordar que tras las reformas de 2001 y 2007, el porcentaje de estos ingresos destinado al SGP promedió un 25 %, llegando a caer al 23 % durante la pandemia.
Las razones detrás del retraso
Antes de ser radicado, el proyecto de ley de competencias ya había requerido un proceso largo y deliberado. El viceministro del Interior, Jaime Berdugo Pérez, explicó que se llevaron a cabo aproximadamente 150 mesas técnicas entre los ministerios de Hacienda, Interior, Vivienda, Educación y Salud para redactar el primer borrador.
Además, por su naturaleza, la ley debió surtir un proceso obligatorio de consulta previa con los pueblos indígenas de Colombia, el cual comenzó el 12 de agosto de 2025 y terminó con su protocolización el 28 de agosto de ese mismo año.
Tras la consulta previa, se inició una etapa de diálogo con sindicatos, la academia, el sector productivo y organizaciones que agrupan a los entes territoriales, lo que generó un volumen importante de observaciones que debieron ser procesadas, en detalle se recogieron más de 3.000 observaciones durante este ejercicio.
Incluso el exministro Cristo, autor del acto legislativo que dio origen a esta ley, afirmó que hubo una demora excesiva en la radicación del proyecto por parte del Gobierno Nacional, pues el texto se presentó a finales de 2025, lo que ha acortado los tiempos del Congreso para una discusión tan profunda.
Para completar, el debate ha estado frenado por años debido a argumentos en contra de la descentralización, como el riesgo de corrupción en las regiones y la supuesta falta de capacidad técnica de los municipios para gestionar recursos, lo que ha requerido un esfuerzo adicional para construir un gran acuerdo nacional.
El debate sobre la autonomía
El fortalecimiento de la autonomía territorial es una discusión histórica en Colombia que se remonta a la Constitución de 1991, cuya promesa de descentralización es considerada por muchos como fallida tras décadas de recientes procesos de centralización administrativa y fiscal.
Aunque el proyecto busca saldar esta deuda, persisten argumentos que desestiman su efectividad, señalando riesgos como la corrupción en las regiones o la supuesta falta de capacidad técnica local para gestionar mayores recursos.
Durante la primera audiencia pública celebrada en Bogotá, el representante Heráclito Landinez subrayó que el Estado debe garantizar derechos fundamentales como salud, educación y agua potable de manera uniforme en todo el país, desde el municipio más pequeño hasta la capital, para que no existan «ciudadanos de categoría».
En sintonía, Miguel Ángel Pardo, ejecutivo de FECODE, defendió que los recursos deben destinarse prioritariamente a universalizar estos derechos y corregir los estragos de recortes presupuestales previos.
Sin embargo, el proyecto no está exento de alertas. Normán Julio Muñoz, secretario general de la Federación Colombiana de Municipios, advirtió sobre posibles deficiencias en la organización de competencias y señaló que el proyecto de ley podría incluso desorganizarlas al no fijar criterios claros y mantener estructuras centralistas que crean fondos donde los recursos quedan atrapados en la Nación.
En ello coincidió el secretario general de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Miguel Silva, para quien el articulado no aborda el problema de fondo del país: la distribución real de responsabilidades entre la Nación y los territorios, más allá del Sistema General de Participaciones.
También cuestionó que el proyecto no refleje las transformaciones del país en más de tres décadas, ignorando la realidad de las grandes ciudades, las ciudades intermedias y las nuevas dinámicas urbanas, pues las brechas de desigualdad no solo se dan entre diferentes regiones del país, sino también al interior de los entes territoriales.
De hecho, denunció que Bogotá enfrenta cargas crecientes sin contar con las herramientas institucionales necesarias para responder. Puso como ejemplo la seguridad, pues la capital es una de las ciudades con menor número de policías por habitante y lleva más de ocho años solicitando la posibilidad de financiar con recursos propios el aumento del pie de fuerza policial.
Luego se refirió a la pobreza, pues, aunque Bogotá tiene un porcentaje de pobreza monetaria menor al de otras ciudades del país, en términos absolutos, alberga a 1,5 millones de personas en condición de pobreza monetaria que se concentran en la zona sur.
El secretario general también fue contundente al señalar que la capital está asumiendo responsabilidades que deberían ser compartidas con el Gobierno Nacional. Recordó que Bogotá atiende población migrante, víctimas del conflicto y ciudadanos de toda la región, financiando estos servicios a los que se destinaron más de $500.000 millones el año pasado en gran medida con recursos propios.
Así mismo, voces como las de Asocapitales y la Fundación Unicervantes expresaron preocupaciones sobre la sostenibilidad fiscal y la rigidez del gasto, advirtiendo que la transferencia de competencias sin un respaldo financiero adecuado o sin considerar la capacidad técnica real podría vulnerar la autonomía que se pretende proteger.
El plan del Gobierno
En la primera audiencia pública, Diego Carrero, asesor del Ministerio de Hacienda y secretario técnico del proyecto, explicó que Colombia es un país diverso con necesidades distintas, por lo que la ley propone criterios de distribución que priorizan a los territorios con mayores rezagos.
Según el funcionario, el proyecto incorpora variables como la población, condiciones socioeconómicas, capacidades institucionales y atributos territoriales (ruralidad, factores ambientales y técnicos) para garantizar una inversión pública más equitativa y cerrar brechas no solo entre regiones, sino también dentro de ellas.
Además, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) contó que diseñó un índice que mide las distancias territoriales, el cual combina el índice de desempeño fiscal con el índice de desempeño institucional, para determinar qué puede administrar cada entidad.
Una vez definidos los atributos y las competencias a delegar, el Departamento Administrativo de la Función Pública entregará un plan de trabajo que defina técnicamente cómo se trasladarán las funciones del nivel nacional al territorial.
Para que la transición sea exitosa, la Función Pública brindará acompañamiento y asesoría técnica en todo el país, utilizando los indicadores de desempeño institucional para fortalecer las estructuras locales y asegurar que puedan gestionar los nuevos recursos y tareas.
Esta transición no será inmediata para todos, sino gradual, permitiendo que los municipios que demuestren mayor capacidad asuman competencias más rápidamente, mientras se monitorea el cierre de brechas a través de un sistema de gobernanza.
Por ahora, el reto es culminar las 9 audiencias públicas restantes antes de junio pues ellas alimentarán la construcción de un «gran acuerdo nacional» que transforme la estructura del Estado y lleve desarrollo a los territorios históricamente excluidos, según Gabriel Becerra, presidente de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.
