El Ministerio del Trabajo publicó el Decreto 0415 del 20 de abril de 2026, el cual reglamenta el traslado de recursos desde el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), administrado por los fondos privados, hacia el Régimen de Prima Media (RPM) a cargo de Colpensiones.
Esta medida se da en el marco de la «ventana de oportunidad» de traslado prevista en la reforma pensional, permitiendo que más de 30.000 de afiliados o pensionados movilicen sus ahorros al régimen público.
El decreto establece las reglas para que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) transfieran la totalidad de los saldos, incluyendo el capital acumulado y los rendimientos financieros al Gobierno, pero no especifica una cifra exacta o un estimado de los recursos que le ingresarán por esta vía.
El proceso que deben seguir las AFP
De acuerdo con el decreto, para los afiliados que ya han consolidado su derecho pensional (22.472 pensionados), las AFP disponen de un término no superior a 15 días hábiles tras la entrada en vigencia del decreto para efectuar el giro.
En el caso de los afiliados que se trasladaron, pero aún no se han pensionado (19.632 trabajadores), el proceso se dividirá en dos etapas: el primer 50 % de los recursos deberá trasladarse en un plazo máximo de 20 días, mientras que el 50 % restante se completará en los 10 días posteriores. La normativa especifica que los recursos pueden transferirse en efectivo, Títulos de Tesorería (TES) clase B o títulos de deuda debidamente vigilados.
Según el decreto, Colpensiones ya está reconociendo y pagando mesadas a más de 22.400 personas que hicieron uso de la oportunidad de traslado, pero cuyos recursos siguen bajo administración de las AFP, lo que genera un desequilibrio financiero.
De hecho, el Gobierno refirió que la nómina pensional de la entidad ha crecido significativamente, alcanzando los $55,5 billones en 2024, de los cuales una parte importante depende de estos traslados para garantizar el pago oportuno de las prestaciones.
Gobierno no atendió las críticas
Desde que se conoció el borrador del decreto, diversas entidades manifestaron su rechazo y lamentaron que no fueron consultadas por el Gobierno que optó por expedir la norma sin su perspectiva técnica.
De hecho, el Banco de la República le advirtió al Ministerio del Trabajo que este traslado anticipado «no se encuentra autorizado por la ley y excedería las facultades reglamentarias del Gobierno», pues según la reforma pensional, estos ahorros deberían permanecer en las AFP hasta que se consolide el derecho a la pensión.
Por su parte, Asofondos ya había calificado la iniciativa como inconveniente, señalando que el Congreso dispuso en la ley mencionada que estos recursos deberían destinarse al Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo administrado por el Banco de la República, y no a Colpensiones para financiar gasto corriente.
Incluso el centro de pensamiento ANIF proyectó que el traslado de aproximadamente $25 billones podría agotar más rápido el ahorro pensional y obligar al Estado a subir impuestos en el futuro para cubrir el déficit. Además, expertos financieros de XP Investments e Itaú advirtieron sobre una posible venta masiva de TES.
Dado que el 70 % de estos recursos están invertidos en deuda pública, una liquidación forzosa en plazos tan cortos presionaría los precios a la baja y aumentaría las tasas de interés, según expertos, incrementando el costo de endeudamiento para el propio país.
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