El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) encendió alarmas en su más reciente informe al Congreso de la República. Según el organismo, Colombia necesita un ajuste fiscal estructural sin precedentes de entre el 4 % y el 5 % del PIB en los próximos cuatro años para estabilizar su deuda pública y evitar un episodio de «alto estrés financiero».
El documento señala que la vulnerabilidad macroeconómica del país ha alcanzado un punto crítico debido a un desequilibrio fiscal persistente que no ha sido corregido de manera efectiva y que «demanda ajustes estructurales, urgentes, suficientes y creíbles».
También advierte que el desbalance estructural entre ingresos y gastos públicos, aunque es persistente desde la pandemia por factores estructurales, se ha agravado por hechos recientes tras el incumplimiento de las metas en 2025 y la falta de credibilidad en los planes del Gobierno para 2026.
En particular, describe un limitado crecimiento de los ingresos, a pesar de la aprobación frecuente de reformas tributarias, y un aumento del gasto sostenido y atípico, por encima de la tendencia de largo plazo. A esto se suman las «deficiencias de planeación fiscal».
El informe del CARF revela que, aunque la economía mostró cierta resiliencia en 2025, con un crecimiento del 2,6 %, los desbalances internos son profundos, lo que limitaría la expansión económica la próxima década (alrededor del 2,6 %). La inversión se encuentra en sus niveles más bajos en dos décadas (16,6 % del PIB), mientras que el consumo público y privado ha generado señales de recalentamiento y una ampliación del déficit de cuenta corriente.
El principal foco de preocupación es que la deuda neta, que cerró 2025 en un 58,5 % del PIB, no disminuyó por un ajuste real de las finanzas, sino principalmente por la apreciación del peso colombiano. Sin este efecto cambiario, la deuda habría seguido una trayectoria al alza, superando las proyecciones oficiales.
El organismo también señala que la confianza de los mercados internacionales en Colombia se está erosionando rápidamente. A inicios de este mes, S&P Global Ratings rebajó la calificación crediticia del país a BB-, un grado especulativo que no se veía desde hace más de tres décadas. Esta decisión refleja la preocupación por déficits persistentemente elevados y una política fiscal considerada procíclica.
Por otra parte, los indicadores de riesgo muestran una brecha preocupante, de acuerdo con el comité. Las primas de riesgo (CDS) de Colombia son actualmente 2,5 veces superiores al promedio de sus pares regionales (Brasil, Chile, México y Perú), superando incluso los niveles registrados tras la pérdida del grado de inversión en 2021.
CARF no le cree al Gobierno
El CARF ha calificado como poco creíble el escenario fiscal planteado por el Gobierno para 2026. Mientras el Ministerio de Hacienda proyecta un déficit primario del 2,1 % del PIB, el Comité estima que este será en realidad del 3,7 % del PIB. El año pasado fue del -3,5 %, cuando la meta era del -2,4 %.
La discrepancia radica en un ambicioso plan de recorte de gastos de $25 billones anunciado por el Gobierno, del cual no se conocen instrumentos concretos para su ejecución. «La herramienta adecuada para asegurar un menor gasto es un decreto de recorte presupuestal con impacto fiscal», señala el informe, advirtiendo que, tras el primer cuatrimestre, más de la mitad de los recursos de inversión ya han sido comprometidos.
De hecho, el informe identifica tres factores estructurales que alimentan la crisis: el crecimiento limitado de los ingresos tributario, a pesar de múltiples reformas, un gasto público desbordado, donde la medición primaria (sin intereses de deuda) se situó en 2025 2,6 puntos del PIB por encima de su tendencia prepandemia, y la sobrestimación de ingresos tributarios, lo que genera un «efecto bola de nieve» en el déficit al no haber recortes compensatorios.
Para recuperar la confianza y estabilizar las finanzas, el CARF urge al Gobierno y al Congreso a acordar medidas que incluyan una combinación de reducción de gastos e incremento de ingresos recurrentes. Según el comité, «entre más pase el tiempo sin políticas correctivas, mayor será el tamaño de las medidas necesarias».
El ajuste no solo es necesario para cumplir con la Regla Fiscal, sino para garantizar que la deuda no alcance niveles insostenibles que comprometan el bienestar general y el crecimiento económico a largo plazo. En el escenario central del CARF, sin medidas adicionales, la deuda neta podría escalar hasta el 65,3 % del PIB para 2030.
Finalmente, la entidad advirtió que el presupuesto que le fue asignado para este año es insuficiente para cumplir con su mandato legal.
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