El Gobierno Petro reaccionó a la decisión del Consejo de Estado que suspendió provisionalmente el Decreto 415 de 2026 y aseguró que la medida judicial podría generar riesgos sobre el pago de obligaciones pensionales de miles de afiliados trasladados a Colpensiones.
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A través de un comunicado conjunto firmado por el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Trabajo y Colpensiones, el Gobierno manifestó su “profunda preocupación” por el fallo y advirtió que la decisión afecta la sostenibilidad financiera del sistema pensional colombiano.
El pronunciamiento del Gobierno Petro se conoció luego de que el Consejo de Estado suspendiera la totalidad del decreto expedido el pasado 20 de abril de 2026, normativa con la que el Ejecutivo buscaba reglamentar el traslado de recursos de afiliados que decidieron cambiarse desde las AFP privadas hacia Colpensiones aprovechando la denominada “ventana de oportunidad” incluida en la reforma pensional.
Según el pronunciamiento del Gobierno Petro, la decisión judicial “genera un grave impacto sobre la sostenibilidad del sistema pensional colombiano”, pues impide que Colpensiones reciba los recursos correspondientes a ciudadanos que “decidieron voluntariamente trasladarse al Régimen de Prima Media con Prestación Definida”.
El Gobierno insiste en que esos recursos son necesarios para respaldar las obligaciones pensionales de las personas que ya realizaron el traslado desde los fondos privados.
Según el comunicado del Ejecutivo, “no resulta financieramente sostenible ni jurídicamente exigible a Colpensiones el pago de las obligaciones pensionales de una persona que se traslade a esa administradora, pero que los recursos destinados a financiar su prestación permanezcan atrapados en una administradora privada”.
La controversia alrededor del Decreto 415 se convirtió en uno de los episodios más sensibles de la implementación de la reforma pensional del Gobierno Petro debido al volumen de recursos involucrados.
Detalles de la decisión del Consejo de Estado que genera la reacción del Gobierno Petro
El decreto buscaba habilitar el traslado de cerca de $25 billones desde las AFP hacia Colpensiones, dineros correspondientes a afiliados que aprovecharon la ventana de traslado aprobada en la Ley 2381 de 2024.
Sin embargo, el Consejo de Estado consideró que el Gobierno habría excedido su potestad reglamentaria al modificar el destino legal de esos recursos mediante decreto y no a través de una ley aprobada por el Congreso.
Frente a ello, el Gobierno Petro respondió asegurando que el tribunal no tuvo en cuenta un problema operativo de fondo: la coexistencia simultánea de afiliados en dos regímenes pensionales distintos.
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En el comunicado se recuerda que, ante la suspensión de la reforma pensional por parte de la Corte Constitucional, actualmente sigue vigente la Ley 100 de 1993, la cual “prohíbe a un afiliado pertenecer de manera simultánea a dos regímenes”.
El Ejecutivo también enfatizó que los recursos cuestionados “continúan teniendo destinación exclusiva a la seguridad social y al pago de pensiones”, rechazando así las críticas de sectores que advertían que esos dineros podrían terminar siendo utilizados para atender necesidades de caja del Gobierno nacional.
La discusión no es menor. El Consejo de Estado advirtió previamente que un traslado acelerado de esos recursos podía generar efectos sobre el mercado de deuda pública, especialmente porque parte importante de los portafolios administrados por las AFP está invertida en TES, títulos de deuda emitidos por el Gobierno colombiano.
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El alto tribunal también alertó sobre el riesgo de realizar movimientos patrimoniales masivos antes de que exista una decisión definitiva sobre la constitucionalidad de la reforma pensional, actualmente bajo revisión de la Corte Constitucional.
En contraste, el Gobierno Petro sostiene que la suspensión total del decreto “materializa un riesgo mayor para los afiliados que el que se pretende evitar”, ya que impedir el traslado de los recursos mientras sí existen afiliados trasladados a Colpensiones podría afectar el equilibrio financiero del sistema público.
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