Termocandelaria Power inició una demanda contra el Estado colombiano por las deudas de la empresa de servicios públicos del Caribe, Air-e. Según la organización, el Estado introdujo una serie de medidas en 2024 que impiden a los generadores de electricidad recibir la remuneración por la energía que suministran a este tipo de empresas. Cabe mencionar que Termocandelaria Power es la casa matriz de Termocandelaria e Termobarranquilla, dos de las plantas de generación termoeléctrica más grandes de Colombia.
Estas dos termoeléctricas tienen una capacidad neta cercana a 1.466 megavatios. A esto se suma que los daños que, según la empresa, afectan a ambas termoeléctricas ascienden a US$198,4 millones, incluyendo daños futuros, que serían cuantificados a medida que avance el proceso.
La casa matriz será representada por Freshfields, firma internacional de abogados con experiencia en arbitrajes del sector energético a nivel mundial. También contará con Rincón Castro Abogados como asesor local.
Hasta ahora, lo que se ha señalado es que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo del Banco Mundial, será la instancia en la que se tramitará la solicitud de arbitraje entre Termocandelaria Power y la República de Colombia. La solicitud fue presentada el 6 de abril de 2026 y registrada por CIADI el 27 de abril.
También se indicó que este arbitraje se inició al amparo del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre España y Colombia, que entró en vigor en septiembre de 2007 y que se tramita bajo el convenio CIADI.
A este panorama se suma que, para la empresa, el hecho de no recibir la remuneración por la electricidad que suministra a Air-e sería contrario a lo estipulado en el tratado mencionado, además de que “no garantizaría un trato equitativo” y en su lugar, produciría medidas “arbitrarias”.
Debe recordarse que Air-e actualmente se encuentra intervenida por el Gobierno Nacional a través de la Superintendencia de Servicios Públicos. Desde su intervención en 2024, la compañía ha tenido hasta 2026, cinco agentes interventores y sus deudas han incrementado durante el proceso.
Por otro lado, la organización, presidida por Eduardo Damián Villarreal, señaló que ha contribuido durante más de 20 años al sistema eléctrico y que la decisión de acudir al CIADI se toma dentro de las medidas contempladas en el tratado entre España y Colombia, con la finalidad de proteger la inversión.
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