La Encuesta Nacional sobre Condiciones de Vida (Encovi) 2025, del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello retrata a Venezuela entre marzo y junio de 2025, cuando Nicolás Maduro todavía gobernaba y la apertura con Washington no era una posibilidad.
Sus datos son los de ese país, no el de la transición que arrancó en enero de 2026, y lo que muestran es una sociedad que venía mejorando sus ingresos de manera sostenida desde 2021, sin que esa mejora se tradujera en mejores condiciones de vida para la mayoría.
La pobreza total de los hogares bajó de 73 % en 2024 a 68 % en 2025, y la que mide si los ingresos alcanzan para la canasta alimentaria básica cayó de 36 % a 31 %, el nivel más bajo desde antes del colapso.
Son cuatro años consecutivos de reducción, pero para leer bien esos porcentajes hay que recordar de dónde viene el país: en 2021, casi nueve de cada diez venezolanos vivían en pobreza. Que hoy sean tres de cada cuatro es una mejora sostenida, pero uno de cada tres hogares todavía no puede cubrir la canasta alimentaria básica.
Entre 2023 y 2025, los ingresos en dólares crecieron más del 50 % para la mayor parte de la población y entre 70 % y 80 % para los sectores más pobres. El grupo de menor ingreso pasó de ganar US$10 mensuales per cápita en 2023 a US$18 en 2025. Ese crecimiento más acelerado en la base redujo la desigualdad: el coeficiente de Gini, que mide qué tan desigual es la distribución del ingreso en un país, cayó a 0,45, el más bajo desde 2016.
En comparación, Colombia tiene un Gini de 0,51 y Brasil de 0,52, lo que en teoría ubicaría a Venezuela como menos desigual que ambos. Pero esa comparación no cuenta la historia completa: la desigualdad bajó principalmente porque durante la crisis los ingresos se comprimieron hacia abajo, no porque la mayoría ganara más. Venezuela no es menos desigual que Colombia porque sus ciudadanos vivan mejor, sino porque la crisis niveló hacia abajo durante años.
Eso se traduce directamente en cómo compra la gente: «Hay un 64 % de los hogares venezolanos al que no importa el color, el tamaño, la presentación, o el sabor, sólo toma la decisión por precio. Puede cambiarse por US$0,5 centavos», dijo Alexander Cabrera, socio director de Atenas Grupo Consultor a Valora Analitik. Son hogares con poder adquisitivo por encima de US$350 mensuales, pero que no tienen margen para gastar en otra cosa que no sea lo esencial.
En Venezuela, los bonos del gobierno llegan a menos personas y en menor monto
El sistema de transferencias del gobierno llegó a 2025 con menos alcance y menor monto. Solo el 76 % de los hogares recibió al menos un bono en los últimos 12 meses, frente al 79 % de 2023, y el promedio por hogar bajó de US$43 en 2024 a US$37 en 2025. El problema más serio no es el monto promedio sino a quién llega: los hogares en pobreza extrema recibieron en promedio US$26, menos de la mitad de los US$53 que recibieron los hogares de clase media, una brecha que no ha mejorado. La Encovi señala que los bonos se han convertido progresivamente en complemento salarial para empleados públicos, lo que los aleja de quienes más los necesitarían.
Cuatro años de crecimiento económico tampoco mejoraron la pobreza multidimensional, que mide no solo ingresos sino también acceso a vivienda, servicios públicos y educación. Ese índice se mantiene en 55 %, igual que en 2022, y mientras el peso de los ingresos y el empleo disminuyó, el de las fallas en servicios públicos, vivienda y educación aumentó. Venezuela creció, pero el Estado no invirtió al mismo ritmo en los servicios que sostienen la vida cotidiana.
El caso más visible es el eléctrico. El 39 % de los hogares reportó cortes de luz diarios por varias horas en 2025, el peor registro desde que la Encovi comenzó a medir ese indicador, y un salto significativo frente al 28 % de 2024.
Para una Venezuela que en 2026 negocia con inversores internacionales su reactivación industrial, ese es un problema relevante: el vicepresidente de la Cámara Venezolana de la Construcción, Rafael Torrealba, ya le dijo a Valora Analitik que sin una reforma al sector eléctrico, los inversionistas tendrán dificultades para comprometerse, por más atractiva que sea la nueva ley de hidrocarburos.
La firma Ecoanalítica estima un crecimiento del PIB de entre 10 % y 12 % para 2026 impulsado por la reactivación petrolera, y proyectan que los ingresos de divisas podrían llegar a US$35.000 millones este año, frente a los US$11.000- US$12.000 millones de 2025. Si eso se concreta, los ingresos de los venezolanos seguirán creciendo y el mercado de consumo masivo (hoy en US$18.000 millones, el 10 % de lo que fue en 2008) tiene margen real para expandirse.
Pero la Encovi muestra que la Venezuela que llegó a la transición mejoró sus ingresos sin resolver sus condiciones de vida. Un sistema eléctrico que empeoró más en 2025 que en cualquier año anterior, más de 1,2 millones de niños y adolescentes fuera del sistema educativo y solo el 39 % de las mujeres participando en el mercado laboral son problemas que no se resuelven con divisas petroleras sino con inversión pública sostenida que hasta ahora no ha llegado.
A eso se agrega que el retorno de migrantes sigue siendo marginal: apenas el 7 % de los migrantes reportados por sus hogares ha vuelto, y quienes regresan son en su mayoría personas con menor nivel educativo provenientes de hogares pobres. El talento calificado que Venezuela necesitaría para sostener una expansión rápida en sectores como petróleo, tecnología o servicios sigue mayoritariamente fuera del país.
