El Gobierno Nacional avanza en la creación de un nuevo régimen para promover el ensamble de vehículos eléctricos e híbridos en Colombia.
El Ministerio de Comercio publicó para comentarios un proyecto de decreto con el que busca atraer inversión extranjera, impulsar la reindustrialización y consolidar una cadena local de producción alrededor de la movilidad eléctrica.
La iniciativa crea el Régimen de Transformación y Ensamble para Vehículos Eléctricos (RTE-E) y el Instrumento para Nuevos Proyectos Industriales de Movilidad Híbrida Enchufable y Eléctrica (Inpimhel), con beneficios arancelarios y aduaneros para nuevas plantas de ensamblaje en el país.
El proyecto contempla incentivos para el ensamble de vehículos híbridos enchufables (PHEV), híbridos de autonomía extendida (E-REV), eléctricos de batería (BEV) y también híbridos completos (FHEV). Además, establece una nueva partida arancelaria para vehículos ensamblados bajo esquemas CKD y SKD, ambos con arancel del 0 %.
La propuesta del Gobierno busca facilitar la instalación y puesta en marcha de nuevas plantas industriales mediante beneficios para la importación de componentes técnicos, maquinaria y sistemas especializados requeridos en la producción de vehículos electrificados.
Primeros comentarios de la propuesta del Gobierno
El proyecto de decreto argumenta que este tipo de proyectos son estratégicos para la política de reindustrialización y transición energética del país.
Sin embargo, durante el periodo de comentarios públicos, el proyecto recibió múltiples observaciones de gremios y firmas especializadas del sector automotor y jurídico. El Ministerio reportó 46 comentarios sobre 21 artículos del borrador normativo.
Uno de los principales debates se concentró en la inclusión de los vehículos híbridos completos (FHEV), es decir, aquellos que no se cargan externamente y aún dependen parcialmente de combustibles fósiles. La firma Paniagua & Tovar Abogados pidió excluirlos del régimen al considerar que desnaturalizan el objetivo del instrumento, enfocado en movilidad eléctrica y enchufable.
Según la observación, ampliar los beneficios a tecnologías híbridas no enchufables reduciría la disponibilidad de cupos e incentivos para vehículos cero emisiones. No obstante, el Gobierno rechazó esa propuesta y defendió la inclusión de los FHEV como una “tecnología de transición” alineada con la política de transformación industrial y reducción progresiva de emisiones.
La ANDI también presentó observaciones técnicas sobre la estructura del decreto. Entre ellas, solicitó mayor claridad sobre las reglas operativas, mecanismos de evaluación, trazabilidad, cálculo de beneficios y criterios de integración nacional. El gremio advirtió que las decisiones de inversión de las casas matrices automotrices dependen de un “ecosistema jurídico robusto, estable y predecible”.
Otro de los puntos polémicos fue la negativa del Gobierno a permitir la acumulación de cuotas de importación no utilizadas entre un año y otro. La ANDI argumentó que las inversiones automotrices son estacionales y no siempre se ejecutan inmediatamente, pero el Ministerio sostuvo que el esquema actual busca garantizar un uso “progresivo y verificable” de los beneficios.
También hubo reparos frente a la falta de incentivos tributarios adicionales y a la baja integración local prevista inicialmente para el esquema SKD. El proyecto plantea porcentajes de integración nacional reducidos en comparación con otros países latinoamericanos con cadenas automotrices más desarrolladas.
En medio de ese debate, la Asociación Gremial de Concesionarios de Automotores (Aconauto) expresó su respaldo a la iniciativa, aunque pidió ajustes para hacerla más competitiva y atractiva para la inversión extranjera.
“Todo aquello que traiga beneficios a la industria y al negocio automotor es de celebrar. Esperemos que el nuevo gobierno garantice la seguridad jurídica que estimule la inversión para que tengamos tasas más altas de crecimiento”, señaló Pedro Nel Quijano, presidente ejecutivo de Aconauto.
El gremio destacó que el proyecto sea específico para vehículos electrificados y valoró que incluya tecnologías como PHEV, E-REV, BEV y FHEV, aunque insistió en que todavía falta desarrollo normativo para atraer grandes capitales internacionales.
Aconauto explicó que el modelo planteado por el Gobierno se basa principalmente en esquemas SKD —vehículos parcialmente desarmados— con integración local de hasta 8 % hacia 2030, lo que contrasta con el ensamblaje CKD actualmente utilizado en Colombia, donde la integración de autopartes nacionales alcanza alrededor del 35 %.
El gremio también advirtió que el país no debe repetir errores del pasado, como los esquemas de protección excesiva y barreras paraarancelarias que terminaron afectando la competitividad y limitando el acceso de los consumidores a vehículos.
Además, cuestionó que el proyecto tenga una visión centrada en abastecer únicamente el mercado interno y no contemple incentivos suficientes para promover exportaciones desde Colombia hacia otros mercados regionales.
Pese a las observaciones, el Gobierno mantiene la apuesta por convertir el ensamblaje de vehículos eléctricos en uno de los pilares de la política de reindustrialización y transición energética del país.
Vea el proyecto de decreto aquí.
