El plan de gobierno de Iván Cepeda en materia de paz se centra en el cumplimiento integral del Acuerdo Final de Paz de 2016, proponiendo incluso una prórroga de cuatro años para su implementación debido a los retrasos de gobiernos anteriores.
Un eje transversal es la centralidad de las víctimas, a quienes considera el referente moral de la nación, comprometiéndose a garantizar sus derechos a la verdad, la justicia restaurativa y la reparación integral.
En cuanto a los diálogos con grupos armados vigentes, Cepeda propone procesos que produzcan resultados concretos y verificables, estableciendo como «línea roja» innegociable el cese de asesinatos de líderes sociales y firmantes de paz.
La paz no se limita a la dejación de armas, sino que implica una «paz territorial» construida desde las bases, que desactive los conflictos mediante la inversión social y la presencia estatal no solo militar.
Propuesta política y austeridad
La visión política de Cepeda se fundamenta en el principio de «mandar obedeciendo», donde el gobierno actúa en consulta permanente con los movimientos sociales y organizaciones populares.
Un pilar fundamental es la «Austeridad Republicana», bajo la premisa de que «quien debe apretarse el cinturón es el gobierno, no el pueblo». Esto incluye la reducción del salario del presidente y altos funcionarios desde el primer día de mandato, así como la eliminación de gastos suntuarios y privilegios de la alta burocracia.
Para combatir la corrupción sistémica, propone el Sistema Nacional contra la Macrocorrupción, que incluye una instancia de juzgamiento especial, un fondo para reparar a la sociedad con los bienes expropiados a los corruptos y una rebelión ciudadana basada en la vigilancia y fiscalización social.
El candidato ya reveló que de llegar a la Casa de Nariño designaría al exmagistrado y exministro Iván Velásquez como responsable de liderar el Sistema Nacional Anticorrupción en un eventual gobierno suyo.
“Iván Velázquez Gómez liderará en mi gobierno el Sistema Nacional Anticorrupción y tendrá la responsabilidad de dirigir, organizar y poner en marcha su funcionamiento”, afirmó.
Cepeda destacó la trayectoria de Velásquez en investigaciones sobre parapolítica en la Corte Suprema de Justicia y su paso por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, donde lideró investigaciones contra estructuras de corrupción de alto niv
La sombra de la Constituyente de Petro
Su primera medida de gobierno sería convocar a un gran diálogo nacional para definir una agenda temática de reformas estructurales. Este diálogo incluiría a todos los sectores sociales para determinar los mecanismos de implementación de los acuerdos, los cuales podrían contemplar una Asamblea Nacional Constituyente o reformas constitucionales por vía expedita.
El objetivo es superar una «democracia vacía y formalista» mediante la movilización social permanente y la participación decisoria de la ciudadanía. Además, aboga por una reforma política que elimine el Consejo Nacional Electoral (CNE), al que califica de institución “parcializada y descompuesta”.
Por otro lado, la política de seguridad de Cepeda abandona el modelo de «mano dura» y se basa en seguridad humana. Este enfoque sostiene que la seguridad real solo es posible si se atacan las causas sociales de la violencia, como la pobreza y la exclusión. Entre sus acciones concretas destaca la creación de una «Inteligencia Ambiental» para combatir en tiempo real la deforestación y la minería ilegal. También propone una estrategia integral contra el homicidio y el reclutamiento forzado, fortaleciendo programas como «Jóvenes en Paz», que vinculan educación y empleo como herramientas de prevención.
En materia de drogas, Cepeda plantea superar definitivamente el modelo prohibicionista de la «guerra contra las drogas», al que califica de fracaso que solo ha multiplicado la violencia.
Su propuesta incluye la legalización regulada del cannabis industrial y de la hoja de coca para usos lícitos (abonos, alimentos, farmacéutica), pasando el control de estos mercados de las mafias al Estado. Asimismo, exige una relación de soberanía y dignidad frente a Estados Unidos, demandando una cooperación internacional basada en la corresponsabilidad y el enfoque de salud pública.
