La campaña presidencial entra en su recta final. Tras las elecciones del pasado 31 de mayo, el escrutinio oficial confirmó que Abelardo de la Espriella obtuvo 10.366.143 votos (43,73 %) e Iván Cepeda alcanzó 9.703.921 votos (40,91 %), por lo que ambos disputarán la segunda vuelta el próximo 21 de junio, cuando los colombianos elegirán al sucesor de Gustavo Petro para el periodo 2026-2030.
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Durante las últimas semanas, la discusión electoral se ha concentrado en temas como seguridad, salud, empleo, vivienda y crecimiento económico. Sin embargo, quien llegue a la Casa de Nariño también recibirá desafíos menos visibles, pero cada vez más relevantes para millones de ciudadanos y para el sistema financiero del país.
Uno de ellos es el mercado de las criptomonedas. Lo que hace apenas algunos años era visto como una inversión de nicho hoy se ha convertido en una actividad cotidiana para millones de colombianos que utilizan activos digitales para ahorrar, invertir, recibir remesas o diversificar su patrimonio. El problema es que el crecimiento de este mercado ha sido mucho más rápido que la regulación.
Según cifras citadas en un análisis elaborado por la fintech Vurelo App con base en datos de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, alrededor de seis millones de colombianos ya utilizan criptomonedas para diferentes actividades financieras. Además, entre julio de 2024 y junio de 2025, el país registró US$44.200 millones en transacciones con criptoactivos, consolidándose como el quinto mercado más grande de América Latina, solo por detrás de Brasil, Argentina, México y Venezuela.
Pese a ese crecimiento, Colombia continúa sin una ley integral que defina con claridad cómo deben operar las plataformas de intercambio, cuáles son las garantías para los usuarios, qué responsabilidades tienen las entidades involucradas y cómo debe funcionar la supervisión de una industria que ya mueve miles de millones de dólares al año.
Frente a este escenario, expertos advierten que el próximo presidente heredará al menos cinco grandes retos que podrían definir el futuro de las criptomonedas en Colombia.
El primer reto que tendrán Abelardo de la Espriella o Iván Cepeda sobre criptomonedas
El principal problema identificado por el sector es la ausencia de una regulación específica para las plataformas donde se compran y venden criptomonedas.
Durante varios años distintos proyectos han intentado establecer reglas para exchanges, supervisión, prevención de lavado de activos y obligaciones tributarias, pero ninguno ha logrado convertirse en ley.
Según el informe, la versión más reciente reapareció en marzo de 2026 con una propuesta de 16 artículos, pero todavía enfrenta discusiones sobre el alcance que tendrían las autoridades financieras y el Banco de la República dentro de ese esquema regulatorio.
Camilo Suárez, CEO de la fintech Vurelo App, asegura que el vacío normativo genera riesgos para los usuarios: “Mientras no haya ley, si una plataforma quiebra o desaparece con su dinero, tiene muy poco a qué agarrarse. Por eso destrabar esta norma será el primer examen del nuevo gobierno”, afirma.
En términos prácticos, esto significa que una persona que compra criptomonedas a través de una plataforma podría encontrarse con pocas herramientas legales de protección si la compañía enfrenta problemas financieros o cesa operaciones.
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Otro de los retos identificados es el crecimiento de esquemas fraudulentos que utilizan el discurso de las criptomonedas para atraer inversionistas.
El análisis señala que Colombia se encuentra entre los países de la región más afectados por estafas y pirámides que se presentan como oportunidades de inversión digital.
Para Suárez, uno de los mayores desafíos del próximo gobierno será fortalecer la protección de los usuarios sin frenar la innovación.
“Desconfíe de rentabilidades fijas o garantizadas, de quien lo presiona para meter a sus amigos y de cualquier asesor que promete ganancias imposibles. El reto del gobierno es demostrar que regular no es prohibir, sino blindarlo a usted antes de que entregue su plata”, explica.
La advertencia cobra importancia porque muchas de las pérdidas registradas en los últimos años no han ocurrido por fallas tecnológicas de los activos digitales, sino por esquemas fraudulentos que utilizan el nombre de las criptomonedas para captar dinero.
El tercer desafío tiene relación con los impuestos. La Resolución 000240 de diciembre de 2025 obligó a las plataformas de criptoactivos a reportar operaciones y usuarios bajo estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde). Los primeros reportes comenzaron a entregarse en mayo de este año.
La norma contempla sanciones que pueden alcanzar hasta el 1 % del valor de las operaciones cuando no se cumplan los deberes de reporte.
Sobre este punto, Suárez advierte: “Recuerde, si usted mueve cripto, la DIAN probablemente ya lo ve, declarar deja de ser opcional. El desafío del próximo gobierno será cobrar lo justo sin empujar a la gente a plataformas extranjeras o a operar por debajo del radar”.
Quizás el fenómeno más llamativo identificado en el informe es el crecimiento de las llamadas stablecoins o monedas estables, criptomonedas cuyo valor está vinculado al dólar estadounidense.
Según el análisis, más de la mitad de las compras de criptoactivos realizadas por colombianos terminan en este tipo de activos digitales.
Los expertos describen esta tendencia como una especie de «dolarización digital», impulsada por personas que buscan proteger parte de su patrimonio frente a la inflación o la volatilidad cambiaria.
El fenómeno también está ligado al mercado de remesas. Colombia recibió US$13.098 millones por este concepto durante 2025, un crecimiento de 10,6 % frente a 2024 y una cifra equivalente a cerca del 3 % del Producto Interno Bruto (PIB).
Muchos usuarios están utilizando canales digitales y monedas estables para movilizar estos recursos de forma más rápida y económica.
Más allá de las diferencias ideológicas entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, el sector considera que existe una tarea que cualquier gobierno deberá asumir. La ausencia de reglas claras continúa generando incertidumbre para millones de colombianos que ya utilizan estos activos digitales.
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“Esto no es un asunto de izquierda ni de derecha: es una deuda pendiente con la gente. Cada año sin reglas claras es otro año en el que las familias quedan expuestas a perder lo que tanto les costó construir. Quien llegue a la Casa de Nariño tiene la responsabilidad de saldarla: poner orden y blindar el ahorro de los colombianos”, concluye Suárez.
