El recaudo tributario en Colombia sigue creciendo, pero no al ritmo que esperaba el Gobierno. Aunque la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) reportó ingresos por $139 billones brutos a mayo de 2026 y un aumento de 9 % frente al mismo periodo del año anterior, una de las principales apuestas fiscales de la administración Petro terminó generando menos recursos de los proyectados: el impuesto al patrimonio.
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La situación fue reconocida por el director de la DIAN, Carlos Betancourt, quien admitió que los ingresos tributarios han estado por debajo de las metas planteadas por el Ministerio de Hacienda.
El funcionario atribuyó parte de esa situación a la imposibilidad de aprobar nuevas leyes de financiamiento y reiteró que el próximo gobierno deberá buscar fuentes adicionales de ingresos para cerrar los desequilibrios fiscales.
El desfase ha llamado la atención porque el impuesto al patrimonio se convirtió en uno de los pilares de la estrategia tributaria del Gobierno para aumentar la contribución de los contribuyentes con mayores niveles de riqueza.
La figura busca que quienes poseen patrimonios más elevados aporten una mayor proporción de recursos al Estado mediante tarifas progresivas.
¿Qué explica la cifra de recaudo de la DIAN?
Sin embargo, las cifras finales estuvieron lejos de las expectativas oficiales. De acuerdo con Christian Quiñónez, exsubdirector de Fiscalización de la DIAN, el faltante de aproximadamente $3,2 billones frente a las proyecciones iniciales era previsible desde el momento en que se construyeron las estimaciones de recaudo.
“El desfase del Gobierno en el recaudo del impuesto al patrimonio de $3,2 billones era previsible por dos asuntos. El primero es que se proyectaron ingresos a partir de una expectativa de empresas que estaban en una base patrimonial a 31 de diciembre y eso llevó a considerar casi directamente que todas esas empresas iban a aportar ese monto. Cuando uno ve que no llegan a la meta, creo que el Gobierno pasó por alto que las empresas se han venido retirando o han tomado decisiones para no quedar expuestas a una situación impositiva que perciben como incierta”, explicó Quiñónez.
Más allá del comportamiento de los contribuyentes, el experto considera que una parte importante de la diferencia entre lo esperado y lo efectivamente recaudado proviene de errores en los cálculos oficiales.
Según Quiñónez, las autoridades fiscales construyeron compromisos de gasto tomando como base ingresos que finalmente no se materializaron.
“Lo que parece haberse vuelto una constante es que las proyecciones no cuadran. Si las proyecciones son erróneas, obviamente vamos a tener un resultado que no corresponde a la realidad. Lo grave es que el Gobierno creó gasto a partir de esa expectativa de ingresos. Si ya teníamos un gasto enorme basado en recursos que no iban a llegar, el problema fiscal termina siendo aún mayor”, afirmó.
La crítica surge en un contexto en el que el propio Gobierno ha reconocido errores en algunos de sus pronósticos económicos.
Javier Cuéllar, director de Crédito Público, admitió recientemente que las previsiones oficiales sobre el comportamiento de los TES terminaron siendo equivocadas. Las tasas de los títulos de deuda pública alcanzaron niveles cercanos al 14 %, muy por encima de lo esperado inicialmente, en medio de un entorno marcado por mayores tasas de interés y presiones fiscales.
El debate adquiere relevancia porque el impuesto al patrimonio fue presentado como uno de los instrumentos para fortalecer la progresividad del sistema tributario.
Betancourt ha defendido públicamente este tipo de gravámenes bajo el principio de que quienes más riqueza poseen deben realizar una mayor contribución al financiamiento del Estado.
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“Un ajuste fiscal no es solo recorte, es búsqueda de ingresos”, afirmó el director de la DIAN al insistir en que Colombia necesitará nuevas fuentes de recaudo independientemente de quién llegue a la Presidencia el próximo 7 de agosto.
El funcionario también recordó que las tarifas más altas del impuesto recaen sobre un grupo reducido de contribuyentes y que, en algunos casos, los mayores niveles de tributación alcanzaron apenas a unas decenas de personas con patrimonios extraordinariamente elevados.
En Colombia, el impuesto al patrimonio aplica sobre grandes patrimonios y utiliza tarifas progresivas que aumentan conforme crece la base gravable. La figura ha sido objeto de debate durante años entre quienes la consideran una herramienta de redistribución y quienes advierten posibles efectos sobre la inversión y la permanencia de capitales en el país.
La discusión sobre el impuesto al patrimonio también expone un problema más amplio de las finanzas públicas.
Según Betancourt, cerca del 93 % del presupuesto nacional está comprometido por obligaciones legales relacionadas con pensiones, transferencias y programas sociales, lo que deja poco margen para realizar recortes significativos del gasto.
Por esa razón, el director de la DIAN considera que el país necesitará nuevas reformas tributarias o mecanismos de financiamiento para garantizar la sostenibilidad fiscal en los próximos años.
Quiñónez, por su parte, cree que antes de pensar en nuevos tributos es indispensable mejorar la calidad de las proyecciones económicas y tributarias.
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“Definitivamente hay que ser más técnicos en el Gobierno. Creo que eso también se tiene que mirar de cara a lo que viene para el país. Las soluciones a la crisis económica y tributaria pasan por decisiones técnicas y por diagnósticos ajustados a la realidad”, concluyó.
