La Sección Quinta del Consejo de Estado suspendió provisionalmente una norma que permitía al Consejo Nacional Electoral (CNE) imponer medidas cautelares dentro de los procesos administrativos relacionados con encuestas de tendencias políticas y electorales.
La decisión fue adoptada mediante un auto emitido este 11 de junio de 2026, en el que el alto tribunal concluyó, de manera preliminar, que el CNE no tenía la competencia legal para ordenar este tipo de medidas a través de actos administrativos.
Según explicó la corporación judicial, la facultad había sido incorporada en la reglamentación de la Ley 2494 de 2025, norma que estableció nuevas reglas para la elaboración, publicación y divulgación de encuestas electorales en el país.
Sin embargo, el Consejo de Estado consideró que el CNE se extralimitó en sus funciones al crear una herramienta que no estaba prevista expresamente en la ley. Además, señaló que la autoridad electoral desconoció el procedimiento establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, al cual remite la propia Ley 2494.
En términos prácticos, la decisión significa que, mientras se resuelve de fondo la demanda, el CNE no podrá ordenar medidas cautelares dentro de los procesos sancionatorios que adelante por presuntas irregularidades en encuestas políticas o electorales.
La suspensión es provisional y no implica una decisión definitiva sobre la legalidad de la norma. El proceso continuará su trámite en el Consejo de Estado, que más adelante determinará si la facultad otorgada al CNE se ajusta o no al ordenamiento jurídico colombiano.
El fallo cobra relevancia porque la facultad suspendida por el Consejo de Estado fue precisamente la que utilizó el CNE para ordenar, de manera temporal, la suspensión de las encuestas de AtlasIntel durante la campaña presidencial. Esa decisión fue posteriormente revocada por la Sala Plena del organismo electoral, en medio de cuestionamientos de la Procuraduría sobre la legalidad de las medidas cautelares adoptadas por la autoridad electoral. La encuestadora sigue siendo investigada por presuntas infracciones a la normativa que regula la publicación de sondeos electorales.
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