Nueva norma acaba con excesivo cobro que hacían operadores móviles: Reducción será del 97 %

Los operadores móviles ahora tendrán que ajustarse a nuevas tarifas, según lo establece una nueva norma.

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Los ciudadanos con servicios de telecomunicaciones en Colombia tendrán un alivio económico tras la expedición de una nueva regulación por parte de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), que establece límites obligatorios a los cobros por reconexión de líneas suspendidas por falta de pago.

La entidad informó que las reducciones podrán alcanzar hasta el 97 % frente a las tarifas que actualmente aplican algunos operadores de telefonía móvil en el país.

La regulación entrará en vigencia el próximo 17 de junio y busca garantizar que los valores cobrados por la reconexión correspondan exclusivamente a los costos eficientes asociados con el restablecimiento del servicio, sin incluir cargos adicionales.

Aunque estos cobros ya estaban contemplados dentro del marco regulatorio colombiano, hasta ahora los operadores tenían la facultad de fijar libremente las tarifas aplicables. Esta situación generó diferencias significativas entre compañías y, en algunos casos, costos superiores al valor real del procedimiento, según explicó la CRC.

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Reclamos a operadores móviles en Colombia. Imagen: Pixabay.

¿Cuánto se pagará por reconexión de líneas con operadores móviles?

Uno de los cambios más relevantes se registrará en los servicios móviles. De acuerdo con la CRC, los usuarios pagaban, en promedio, cerca de 6.800 pesos por la reactivación de sus líneas. Con la nueva regulación, el valor máximo autorizado será de $285, lo que representa una reducción cercana al 96 %.

La entidad explicó que esta disminución obedece a que la reconexión en telefonía móvil suele efectuarse de manera automatizada y remota, mediante los sistemas tecnológicos de los operadores, sin requerir desplazamientos de personal técnico ni intervenciones físicas en los domicilios de los usuarios.

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En el caso de los servicios fijos, como internet residencial, telefonía fija y televisión por suscripción, la CRC definió topes diferenciados, teniendo en cuenta las características operativas de cada tipo de proveedor.

Para las compañías que concentran aproximadamente el 85 % del mercado nacional, el cobro máximo autorizado será de $1.232. La medida adquiere relevancia si se considera que algunos usuarios reportaban pagos de hasta 39.000 pesos por este mismo concepto, lo que representa reducciones de hasta el 97 %.

Por otra parte, los operadores con menos de 30.000 accesos podrán cobrar hasta $10.269 por reconexión. Según la CRC, este valor reconoce factores como menores economías de escala, una mayor dispersión geográfica de las redes y una probabilidad más alta de requerir visitas técnicas para restablecer el servicio. Incluso en estos casos, la reducción frente a algunos cobros actuales superaría el 69 %.

La Comisión precisó que los topes fueron definidos a partir de información financiera y operativa reportada por los propios operadores, mediante la aplicación de la metodología de Modelos de Empresa Eficiente, desarrollada por la entidad durante más de una década.

Asimismo, aclaró que la regulación no obliga a las empresas a cobrar por la reconexión. Los operadores que actualmente ofrecen este procedimiento sin costo podrán continuar haciéndolo. La disposición establece únicamente que, en caso de aplicar el cobro, este no podrá superar los límites fijados por la autoridad regulatoria.

La normativa tampoco modifica las obligaciones de pago de los usuarios ni elimina la posibilidad de suspender el servicio cuando exista mora. Una vez el cliente se ponga al día con sus obligaciones, el operador tendrá un plazo máximo de tres días hábiles para restablecer la prestación del servicio.

Felipe Augusto Díaz Suaza, director ejecutivo de la CRC, señaló que la medida busca evitar que los ciudadanos que regularizan su situación financiera deban asumir costos desproporcionados para recuperar el acceso a servicios esenciales de comunicación. Según indicó, la decisión convierte en una regla verificable el mandato legal orientado a proteger a los usuarios y a promover una mayor transparencia en el mercado de las telecomunicaciones.

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