La continuidad de varios megaproyectos viales en Colombia sigue generando inquietud entre los actores del sector de infraestructura. El vencimiento de contratos de concesión y de alianzas público-privadas (APP) en distintos corredores estratégicos del país ha abierto un debate sobre el futuro del mantenimiento, la operación y la conservación de estas vías una vez regresen a la administración estatal.
La preocupación surge principalmente por el estado que han presentado algunas carreteras tras culminar sus esquemas de concesión. Diversos sectores advierten que, sin mecanismos que garanticen inversiones permanentes en mantenimiento y rehabilitación, la calidad de la infraestructura podría deteriorarse con el paso del tiempo.
Aunque el Instituto Nacional de Vías (Invías) ha sido objeto de cuestionamientos por las condiciones de algunos corredores bajo su responsabilidad, el proceso de reversión de proyectos concesionados continúa avanzando en diferentes regiones del país.
Megaproyectos viales que pasarían a manos del Estado
Uno de los casos más próximos es el de Devimed, concesión que ha desempeñado un papel fundamental en la conectividad del Oriente antioqueño. Este proyecto integra municipios como Medellín, Rionegro, Guarne y El Retiro, además de incluir corredores cercanos al tramo Santuario–Caño Alegre.
De acuerdo con la información que pudo conocer Valora Analitik, el contrato finalizará durante el mes de julio y, hasta el momento, no existe una APP que garantice la continuidad del modelo de concesión. Aunque se presentó una iniciativa privada para desarrollar una doble calzada en varios de los sectores pendientes, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) rechazó la propuesta al considerar que no cumplía con los requisitos técnicos establecidos por la normatividad vigente.
La situación también afecta a Autopistas del Caribe, corredor destinado principalmente al transporte de carga entre Cartagena y Barranquilla. Este proyecto finalizará en julio luego de la liquidación ordenada por el Gobierno nacional.
La terminación de la concesión estuvo relacionada con la imposibilidad de recaudar recursos mediante el peaje de Turbaco y de poner en funcionamiento el peaje proyectado en Arroyo de Piedra. Estas circunstancias impidieron alcanzar el cierre financiero necesario para la ejecución integral del proyecto, lo que finalmente llevó a su cancelación.
Otro de los proyectos que genera expectativa es Autopistas del Café, concesión encargada del mantenimiento y la operación del corredor que conecta a Armenia, Pereira y Manizales. El contrato concluirá en 2027 y, no será renovado, por lo que su vencimiento es en el tercer trimestre.
La decisión se produce después de que el Gobierno Nacional descartara la APP denominada Conexión Centro, propuesta para garantizar la continuidad de las inversiones en esta importante red vial del Eje Cafetero.
La importancia de este corredor radica en su papel para la movilidad regional y nacional, ya que facilita el transporte de pasajeros y mercancías entre los principales centros urbanos del centro-occidente del país. Una vez finalice la concesión, la infraestructura quedará bajo la administración del Estado.
En este mismo contexto, el presidente Gustavo Petro ha planteado la posibilidad de desmontar los peajes existentes en el Eje Cafetero una vez termine el contrato vigente. Previamente, el Gobierno había impulsado una reducción en las tarifas de algunos peajes del corredor, que pasaron a costar $700 para determinadas categorías de vehículos.
Sin embargo, la propuesta ha generado interrogantes sobre la forma en que se financiarán las labores de mantenimiento, rehabilitación y conservación de una vía considerada estratégica para la competitividad regional, a tal punto que se ha generado dudas sobre el tiempo que mantendrá la reducción de las tarifas de los peajes, según han mencionado fuentes del sector.
A este panorama se suma la situación de Ruta al Mar, concesión encargada de corredores que conectan los departamentos de Antioquia y Bolívar. Un fallo judicial adverso para la Nación determinó que el contrato deberá finalizar debido a inconsistencias atribuibles al Estado durante el desarrollo del proyecto. Aunque la decisión ya fue adoptada, aún no existe una fecha definida para la terminación definitiva de la concesión.
Por otra parte, la Perimetral de Oriente de Bogotá también regresó a la órbita estatal. El contrato concluyó a comienzos de junio tras un laudo arbitral que ordenó su liquidación. Como consecuencia de esta decisión, el Estado deberá asumir una indemnización estimada en $1,3 billones.
