El ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez, anunció que una de las primeras decisiones del gobierno de Abelardo de la Espriella será decretar el congelamiento del gasto público desde el próximo 7 de agosto, al advertir que el país enfrenta un grave deterioro de sus finanzas públicas debido al aumento del gasto y al elevado déficit fiscal.
Según Gómez, el principal desafío que heredará la nueva administración será el desbalance de las cuentas del Estado. Explicó que entre enero y abril el Gobierno Nacional gastó, en promedio, $40 billones mensuales, mientras que los ingresos apenas alcanzaron los $28 billones, lo que dejó un faltante cercano a los $12 billones cada mes. A su juicio, el déficit fiscal real se ubicaría alrededor del 7,5 % del PIB, un nivel que calificó como inédito, incluso por encima del registrado durante la pandemia.
Frente a ese panorama, Gómez anunció en Caracol Radio que el mismo día de la posesión presidencial expedirá un decreto para congelar el gasto público y aseguró que, a diferencia de medidas similares adoptadas por el Gobierno saliente, esta vez sí se hará cumplir.
El futuro ministro también planteó reducir el tamaño del Estado al considerar que las finanzas públicas no soportan la estructura actual de 19 ministerios. Su meta, dijo, es regresar al menos a los 13 ministerios que existían años atrás.
Como ejemplo de lo que considera un uso ineficiente de los recursos públicos, cuestionó el Ministerio de la Igualdad, al afirmar que demandó cerca de $2,8 billones sin cumplir una función clara.
Gómez sostuvo además que la administración de los recursos públicos debe cambiar de enfoque. «No existe dinero público; existe el dinero de los contribuyentes», afirmó, al señalar que los recursos provenientes de los impuestos deben manejarse con mayor rigor y austeridad.
Alerta por el sector energético
En materia energética, el ministro designado advirtió que el Gobierno saliente aplazó inversiones estratégicas en el sector y alertó que una intensificación del fenómeno de El Niño podría poner en riesgo el suministro de energía para los 52 millones de colombianos.
Gómez también prometió modificar la forma en que el Ejecutivo tramitará sus iniciativas en el Congreso. Aseguró que las conversaciones con las bancadas serán públicas y descartó reuniones privadas o acuerdos para intercambiar votos por recursos presupuestales, con el propósito de evitar prácticas similares a las reveladas en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
Aunque confirmó que el nuevo gobierno presentará una reforma tributaria, aclaró que antes buscará reducir el gasto público. Criticó la iniciativa impulsada por la administración saliente al considerar que pretende cubrir el déficit con más impuestos después de haber incrementado el gasto estatal.
En ese sentido, señaló que la propuesta del nuevo gobierno buscará reducir la carga tributaria de las empresas para fortalecer su competitividad. Agregó que también se analizan modificaciones en la tributación de los juegos de suerte y azar, aunque evitó anticipar decisiones definitivas.
Sobre el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), Gómez descartó eliminar de manera inmediata los subsidios. En cambio, afirmó que la prioridad será revisar la fórmula con la que opera el mecanismo para evitar mayores presiones inflacionarias.
Respecto al Banco de la República, reiteró que respetará plenamente su autonomía constitucional. Si bien manifestó que preferiría un escenario de tasas de interés más bajas, insistió en que controlar la inflación debe seguir siendo una prioridad, pues atribuyó parte de las presiones sobre los precios al elevado gasto público y al aumento del consumo.
En materia de deuda pública, descartó una renegociación, aunque anunció que buscará «reperfilarla», es decir, sustituir obligaciones de corto plazo por otras de mayor vencimiento para aliviar la carga financiera del Estado. Según explicó, el Gobierno saliente incrementó el endeudamiento en los últimos meses a tasas elevadas, por lo que recuperar la confianza de los mercados será fundamental para acceder a mejores condiciones de financiamiento.
Finalmente, el ministro designado se refirió a la discusión del salario mínimo para 2027 y sostuvo que los incrementos salariales deben estar ligados al crecimiento de la productividad. En su concepto, aumentos por encima de ese comportamiento pueden afectar la competitividad de las empresas, limitar el crecimiento económico y generar mayores presiones inflacionarias.
